Una denuncia anónima señala posibles actos de maltrato, aislamiento y restricciones prolongadas a personas privadas de la libertad.

Por Stephany Rodríguez

A través de una denuncia anónima, fueron señaladas presuntas irregularidades al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala, relacionadas con posibles actos de maltrato, discriminación, abuso de autoridad y tratos crueles contra personas privadas de la libertad (PPL).

Los señalamientos apuntan a la gestión del director del centro penitenciario, Iván Sánchez de la Torre, a quien los denunciantes atribuyen presuntas prácticas que vulnerarían los derechos humanos de la población interna.

Como parte de la denuncia, se compartieron fotografías en las que se observa a una persona privada de la libertad con candados y cadenas que sujetan sus extremidades, mientras permanece de pie en un área del centro penitenciario.

De acuerdo con la información proporcionada, estas medidas de sujeción presuntamente se mantienen durante periodos prolongados y no únicamente durante traslados, diligencias judiciales o comparecencias ante autoridades.

Los denunciantes sostienen que el uso continuo de estos mecanismos limita la movilidad de los internos y restringe su participación en actividades cotidianas, laborales y de formación que forman parte de los procesos de reinserción social.

Asimismo, señalaron posibles condiciones de aislamiento y descanso inadecuadas. En otra de las imágenes difundidas se aprecia a una persona recostada sobre una estructura de madera y metal, cubierta parcialmente con una cobija.

La denuncia también hace referencia a presuntos actos de racismo, hostigamiento y trato diferenciado contra algunos internos, además de cuestionar la aplicación de medidas disciplinarias dentro de las instalaciones penitenciarias.

Solicitan intervención de autoridades

Ante estos señalamientos, los denunciantes solicitaron la intervención de las autoridades estatales y de las instancias competentes en materia de derechos humanos, a fin de investigar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad y determinar si los protocolos aplicados cumplen con la normatividad vigente