La decisión del gobierno federal deja un vacío jurídico sobre qué prácticas están permitidas en estos modelos educativos y cuáles deben sancionarse, según un análisis académico.

Fuente: EL UNIVERSAL

La decisión del gobierno federal de desaparecer las escuelas militarizadas del país dejará en incertidumbre a al menos 12 mil 813 estudiantes, mientras persiste un vacío jurídico sobre qué prácticas están permitidas en estos modelos educativos y cuáles deben sancionarse.

Un análisis de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey advierte lo anterior y señala la necesidad de establecer reglas claras para diferenciar entre abusos y ejercicios de disciplina positiva o legítima.

El estudio establece que no puede asumirse que toda forma de educación militar o castrense implica abusos.

“La disciplina positiva o legítima es el fomento de la autorregulación, la puntualidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la convivencia pacífica. Las bandas de guerra o equipos representativos deportivos con arraigo en secundarias y bachilleratos tecnológicos pueden ser ejemplos positivos de esta disciplina”, dice el documento.

La IEEC considera necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) atienda el vacío normativo con reglas claras sobre las prácticas permitidas y evite estigmatizar ejercicios de disciplina positiva o legítima que quizá, de manera equivocada, son asociados socialmente con lo “militar”.

El estudio fue elaborado tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, en un campamento de verano de una academia militarizada privada en Tamaulipas.

La investigación sostiene que el problema no se limita a las denuncias de maltrato que existen en las escuelas, no sólo en las militarizadas; también señala la falta de coordinación entre la SEP federal, las secretarías estatales y sus órganos municipales para la supervisión de los planteles.

También advierte una contradicción entre la postura actual de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que afirma que la educación militarizada no está permitida por la ley.

Marco Fernández, investigador de la IEEC, señala que hay preocupación porque en los argumentos de la autoridad se asume de manera equivocada que una opción militarizada implica el uso de violencia como parte del modelo educativo.

“Una opción militarizada no implica el uso de la violencia como parte del modelo educativo, eso es completamente falso”, sostuvo.

Según la revisión realizada por la IEEC al Formato 911 del ciclo escolar 2024-2025 y al Catálogo de Centros de Trabajo, se identificaron 59 servicios educativos militarizados en los tres niveles educativos. De ellos, 55 reportaron matrícula y cuatro no se encontraban activos.

Los planteles con estudiantes inscritos se distribuyen en 18 de los 32 estados y concentran una matrícula de 12 mil 813 alumnos. La oferta está integrada por 18 escuelas de educación básica, 36 de educación media superior y una institución de educación superior.

El análisis advierte que la discusión pública se ha concentrado en las academias privadas, pero los datos muestran una realidad distinta. Aunque 30 de las escuelas son privadas, sólo atienden a mil 498 estudiantes, equivalentes a 11.7% de la matrícula total. En contraste, 25 planteles públicos concentran 11 mil 315 alumnos, es decir, 88.3% de todos los estudiantes registrados en la modalidad pública, por lo que son responsabilidad directa de las secretarías de Educación estatales.

Fernández explica que varios de los planteles públicos utilizan estrategias de formación que incluyen opciones técnicas como ciberseguridad y actividades como bandas militares dentro de los bachilleratos públicos militarizados, en particular en Nuevo León y Guanajuato.

“Los planteles públicos utilizan la estrategia de ejercicio del fomento incluso de bachilleratos tecnológicos a través de opciones técnicas como la ciberseguridad y el fomento de bandas militares como parte de la formación en los planteles de bachillerato público militarizado”, señaló.

De los 12 mil 813 estudiantes identificados, 11 mil 714 cursan bachillerato, lo que equivale a 91.4% de toda la matrícula nacional militarizada. En educación básica se contabilizaron 850 alumnos y en educación superior, 249.

El estudio también encontró una fuerte concentración territorial. Nuevo León y Guanajuato reúnen 18 escuelas, equivalentes a casi una tercera parte de todos los planteles identificados, y concentran 9 mil 36 estudiantes, es decir, 70.5% de la matrícula nacional.

El análisis advierte que detrás de este modelo educativo existen motivaciones distintas en los sectores público y privado. Mientras que en escuelas particulares persiste la demanda de familias que buscan una educación que funcione como un “correctivo” para el comportamiento de sus hijos, en el ámbito público el argumento recurrente para impulsar los bachilleratos militarizados ha sido prevenir el reclutamiento delictivo de jóvenes en territorios con altos niveles de marginación.

Fernández asegura que en planteles de Nuevo León y Guanajuato se observan mejoras en aprendizajes de comprensión lectora, matemáticas y ciencias, así como en mentalidad de crecimiento.

Novatadas y bullying marcan a estos planteles

Novatadas, abusos físicos y mentales, amenazas, bullying y hasta decesos han marcado a las llamadas escuelas militarizadas que operaban en distintas partes del país y que la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió clausurar tras la muerte de una alumna de 13 años en un plantel de Ciudad Madero, Tamaulipas.

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