Subió a tribuna con ocho propuestas, incluyendo la Revocación de Mandato

Por Selene Sosa

La Representante del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT) en el Congreso, Laura Yamili Flores Lozano, se consolidó como una de las legisladoras más productivas al sumar ocho propuestas presentadas durante el Periodo Ordinario recién concluido, pese a que en el Programa Legislativo agendó cuatro proyectos, duplicando así su actividad legislativa.

Una de las voces de oposición más presentes en la LXV Legislatura es la de la perredista quien tiene un récord de participaciones en la Máxima Tribuna en la entidad no sólo por la presentación de propuestas, sino también por fijar posicionamientos de coyuntura en la entidad.

Respecto de su trabajo legislativo para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal, Flores Lozano programó cuatro proyectos, sin embargo, presentó un total de ocho, de los cuales, siete fueron iniciativas de reformas y un acuerdo.

Es de destacar que conminó a sus compañeras y compañeros del Pleno a acatar el Decreto publicado en el Diario Oficial en materia de Consultas Ciudadanas y Revocación de Mandato, pendiente desde hace cinco años y que tanto la legislatura anterior como la actual, conformada mayoritariamente por curules reelectas, se han negado a abordar.

Las propuestas de la perredista fueron en materia de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, sobre la Revocación de Mandato; al Código Penal; al Código Financiero; y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para crear la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.

Igualmente, Laura Flores planteó modificaciones a diversas disposiciones a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, a la Ley de Educación y a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Al tiempo, su propuesta de Acuerdo fue para condenar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y para exhortar a las Autoridades Electorales Locales, los Ayuntamientos y a los Partidos Políticos a emprender acciones para su prevención, erradicación y, según sea el caso, su respectiva sanción; siendo este el único proyecto que le fue avalado en el periodo concluido.