Columna Invitada

Desde hace semanas, lo que hoy ocurre en Tlaxcala alrededor del presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García, y de su esposa, Marcela González Castillo, dirigente estatal de Morena, dejó de ser un asunto de percepción pública o de desgaste político. El tema ya escaló al terreno jurídico-electoral y amenaza con convertirse en uno de los casos más incómodos para a la pareja y el partido guinda rumbo a la sucesión de 2027.

No sólo está en curso la impugnación relacionada con el evidente conflicto de interés que representa que la presidenta estatal de Morena sea, al mismo tiempo, la principal operadora política de la aspiración de su esposo. El Tribunal Electoral de Tlaxcala también tiene bajo análisis otra impugnación promovida por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) por las bardas que, desde hace meses, tapizan prácticamente todo el territorio estatal con el nombre de Alfonso Sánchez.
Se trata de propaganda anticipada disfrazada de posicionamiento político. Y aunque algunos pretendan minimizarlo, el asunto es delicado por varias razones.

La primera: porque el Tribunal Electoral de Tlaxcala lleva demasiado tiempo sin resolver un expediente cuya trascendencia política y jurídica exige claridad inmediata. El silencio institucional también comunica. Y en momentos como éste, la tardanza inevitablemente alimenta sospechas.

La segunda: porque Morena estableció reglas claras desde marzo pasado. El Consejo Nacional aprobó lineamientos específicos para regular la competencia interna rumbo a 2027. Entre ellos destacan tres principios elementales: garantizar piso parejo entre aspirantes, evitar gastos excesivos en campañas internas y prohibir ataques o conductas que vulneren la unidad partidista.

Nada de eso parece estar ocurriendo en Tlaxcala.
Hoy por hoy, Alfonso Sánchez García compite con ventaja. No hay otro actor político en Morena con el mismo nivel de exposición propagandística en bardas, eventos públicos y movilización institucional. Y eso ocurre mientras la dirigencia estatal del partido está encabezada, precisamente, por quien tendría interés directo en impulsar esa aspiración.

Ahí aparece otro concepto fundamental: la responsabilidad “in vigilando”. Es decir, la obligación que tiene una dirigencia partidista de vigilar que sus militantes y aspirantes cumplan las normas internas y electorales. Marcela González no sólo no ha contenido la promoción anticipada; políticamente parece formar parte activa de ella. Y eso puede tener consecuencias mayores.

Porque si Morena decide tomarse en serio sus propios lineamientos, el tema ya no debería limitarse a discutir la permanencia de Marcela González al frente del partido. También tendría que analizarse si Alfonso Sánchez estaría en condiciones éticas y políticas de solicitar un registro como aspirante sin enfrentar observaciones por incumplimiento de las reglas internas.

El descaro ha llegado a tal nivel que apenas ayer jueves, en la comunidad de San Diego Metepec, servidores públicos y funcionarios participaron en un evento donde Alfonso Sánchez continuó construyendo abiertamente su proyecto político rumbo a la gubernatura, utilizando además el respaldo político de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. La escena ya no admite demasiadas interpretaciones.
Una cosa es gobernar y otra muy distinta utilizar estructuras institucionales, relaciones de poder y recursos políticos para construir una candidatura adelantada.

Morena enfrenta así una prueba de congruencia: o sus lineamientos internos son reales y aplicables para todos, o simplemente fueron un discurso más para consumo interno. Por eso vale la pena observar con atención lo que ocurra en las próximas semanas. El Tribunal Electoral de Tlaxcala tendrá que resolver, y Morena también tendrá que definirse.