Un amparo federal ordenó frenar abusos; sin embargo, persisten señalamientos de aislamiento, falta de atención médica y posibles irregularidades en certificados de salud

Por Stephany Rodríguez

Un caso de presuntas violaciones graves a derechos humanos al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) Regional de Tlaxcala ha encendido alertas, luego de que, a través del Juicio de Amparo 627/2026-H, se documentaran actos de castigo, incomunicación y maltrato físico y psicológico contra una Persona Privada de la Libertad (PPL) con discapacidad motriz.

De acuerdo con el expediente judicial, el interno, identificado como Brandon “N.”, presenta la amputación del pie derecho, condición que lo coloca en una situación de vulnerabilidad. Pese a ello, la parte promovente denuncia que ha sido sometido a aislamiento en celda de castigo, agresiones físicas y condiciones insalubres que ponen en riesgo su integridad.

El juzgado de distrito admitió la demanda de amparo y concedió una suspensión de plano, con la instrucción de cesar de inmediato cualquier acto de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, conforme al artículo 22 de la Constitución. No obstante, se acusa que dichas medidas no han sido acatadas por las autoridades penitenciarias.

Según la denuncia, el PPL permanece incomunicado, duerme en el suelo de concreto y enfrenta dificultades para retirar su prótesis, lo que habría derivado en una infección en el muñón, con dolor, inflamación y supuración, sin recibir atención médica adecuada.

En contraste, un certificado médico de integridad física, emitido por el área médica del CERESO y firmado por un especialista en la salud refiere que el interno no presenta lesiones físicas externas recientes visibles al momento de la valoración. El documento también señala que el paciente se encuentra consciente, orientado y en estado general “regular”, además de reconocer su discapacidad motriz por el uso de prótesis en la pierna derecha.

El informe médico, fechado el 24 de abril, indica que el interno reportó únicamente “ligero dolor” en el muñón derecho y niega síntomas de enfermedad o lesiones recientes. Sin embargo, el documento presenta inconsistencias, ya que carece de la firma de la persona privada de la libertad, lo que pone en duda la validación del consentimiento o conformidad con la valoración realizada.

Entre las autoridades señaladas como presuntas responsables se encuentran directivos del penal, mandos de seguridad penitenciaria y personal médico, quienes habrían participado tanto en la omisión como en la ejecución de los actos denunciados.

El proceso judicial establece que las autoridades deberán rendir informes justificados en los plazos fijados por el juzgado, bajo apercibimiento de sanciones en caso de omisión o falsedad, que podrían derivar en multas o responsabilidades penales.

Asimismo, se señala que la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno estatal ya tendría conocimiento de diversas quejas relacionadas con el CERESO de Tlaxcala, lo que incrementa la presión institucional para esclarecer los hechos.

La audiencia constitucional fue programada para el próximo 28 de mayo de 2026, fecha en la que se determinará si se concede el amparo definitivo. Mientras tanto, el caso pone en evidencia posibles fallas estructurales en el sistema penitenciario estatal, particularmente en la protección de personas con discapacidad bajo custodia.