Desde la tribuna del Senado, la legisladora alerta sobre riesgos a la soberanía nacional por intervención extranjera y propone una comisión especial para investigar la participación de agentes extranjeros en México.

Al pronunciarse sobre los hechos recientes en Chihuahua, relacionados con la presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad pública, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que lo ocurrido no puede considerarse una simple falla administrativa, sino que podría constituir una violación directa al orden constitucional mexicano y una afectación grave a la soberanía nacional.

Desde la tribuna del Senado de la República, propuso la creación de una comisión especial que dé seguimiento puntual al caso. Asimismo, no descartó impulsar mecanismos de responsabilidad política, incluido el juicio político, en caso de acreditarse violaciones graves.

“Lo ocurrido no puede considerarse una simple falla administrativa, sino que podría constituir una violación directa al orden constitucional mexicano y una afectación grave a la soberanía nacional”, reiteró la senadora tlaxcalteca, al señalar que el artículo 40 de la Constitución Política establece la defensa de la independencia del Estado mexicano frente a cualquier injerencia extranjera.

Subrayó que la conducción de la política exterior corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo Federal, conforme al artículo 89 constitucional, por lo que ninguna autoridad local puede establecer mecanismos de cooperación con agentes extranjeros al margen de la Federación, especialmente en materia de seguridad.

Asimismo, advirtió que este tipo de actuaciones vulneran el pacto federal al invadir competencias que no corresponden a los gobiernos estatales, lo que pone en riesgo el equilibrio institucional del país.

Ana Lilia Rivera también señaló que, de confirmarse la falta de notificación y control por parte del Gobierno Federal, podrían configurarse violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, lo que implicaría responsabilidades penales y políticas para los funcionarios involucrados, ya sea por acción, omisión o encubrimiento.

Indicó que las inconsistencias en la información oficial han agravado la situación, pues las versiones sobre el operativo han cambiado en distintas ocasiones sin ofrecer claridad sobre quién autorizó la participación de agentes extranjeros ni bajo qué fundamento legal.

En ese contexto, calificó como preocupante la negativa de la gobernadora de Chihuahua a asistir ante comisiones del Senado, al considerar que la rendición de cuentas es indispensable cuando está en juego la soberanía nacional. Afirmó que esta decisión debilita la transparencia, genera mayores dudas sobre la dimensión de los hechos y que la renuncia del fiscal estatal no resuelve el problema, sino que confirma su gravedad institucional.

La senadora reconoció la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en la necesidad de investigar a fondo y garantizar que no haya impunidad.

En su participación, destacó que el Senado tiene la obligación constitucional de intervenir, al contar con facultades de control en materia de política exterior y responsabilidad en la defensa del pacto federal. Por ello, reiteró su propuesta de crear una comisión especial que dé seguimiento puntual al caso y evaluar la aplicación de mecanismos de responsabilidad política en caso de confirmarse irregularidades graves.