La senadora tlaxcalteca respalda la creación de una Ley General que unificará criterios, fortalecerá la prevención y garantizará atención integral a víctimas y sus familias

Con el respaldo unánime del pleno del Senado de la República, se aprobó la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir la primera Ley General contra el Feminicidio en México.
En este contexto, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera destacó la relevancia de este avance legislativo refrendando su voto a favor, al considerar que se trata de un paso decisivo para enfrentar una de las expresiones más graves de violencia de género.

Rivera Rivera subrayó que la futura legislación no sólo deberá centrarse en sancionar este delito, sino en atender de manera integral sus consecuencias sociales, particularmente en niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad. En ese sentido, enfatizó la necesidad de que el Estado garantice acompañamiento psicológico, acceso a la salud, educación y mecanismos efectivos de reparación del daño.

La reforma constitucional aprobada establece las bases para que exista una legislación homogénea en todo el país, lo que permitirá unificar el tipo penal de feminicidio, así como los criterios de investigación y sanción bajo una perspectiva de género. También busca fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales, con el objetivo de mejorar la procuración de justicia y evitar la impunidad.

La legisladora refirió que de acuerdo con datos del INEGI, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural en México, debido a que más del 70% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que refuerza la urgencia de contar con herramientas legales más eficaces. Por ello, la senadora por Tlaxcala destacó que la nueva ley permitirá cerrar brechas en la atención institucional y garantizar mayor protección a las víctimas.

Para Rivera Rivera, esta reforma tiene un impacto directo en entidades como Tlaxcala, donde, si bien se han impulsado acciones para prevenir la violencia de género, aún persisten retos en materia de acceso a la justicia. Por ello, consideró que la homologación de criterios a nivel nacional contribuirá a fortalecer las capacidades locales y brindar mayor certeza jurídica.

Informó que el dictamen aprobado por el Senado fue turnado a la Cámara de Diputados, y posteriormente deberá ser avalado por al menos 17 congresos estatales para su declaratoria constitucional. Una vez cumplido este proceso, el Congreso de la Unión estará en condiciones de expedir la Ley General contra el Feminicidio, un instrumento que –dijo- “representa un compromiso firme del Estado mexicano con la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres”.