Se cumplen 15 años de la matanza de Los Zetas en Coahuila y las víctimas continúan desplazadas, revictimizadas y abandonadas por los gobiernos federal y de Coahuila que han incumplido con la reparación del daño.

Fuente: PROCESO

ALLENDE, Coah (Proceso).– A 15 años de la masacre de Allende sobrevivientes de las víctimas permanecen desplazadas, con daños en su salud y enfrentando la violencia institucional de los gobiernos federal y del estado de Coahuila que han incumplido con la reparación del daño.

También denuncian que han sido excluidas de las reuniones que el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, sostiene con colectivos donde se abordan las desapariciones, pese a que se trata de uno de los más graves ataques perpetrados por Los Zetas en el estado, cuyos alcances y secuelas se ha extendido por todos estos años.

Silvia Eugenia Garza Villarreal es una de las personas que logró salvarse de la violencia desatada entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, ubicado en la región de los Cinco Manantiales y a una distancia de 56 kilómetros de la frontera con Texas.

En entrevista por videoconferencia, ella y otras sobrevivientes (que prefirieron reservar su identidad por miedo) narraron cómo viven lejos del lugar donde crecieron, violentadas porque no se les reconoce todo lo que perdieron, con la imposibilidad de retornar al lugar donde dejaron sus recuerdos y vieron desaparecer a sus familias.

Silvia denunció lo ocurrido hasta el 12 de noviembre de 2014, cuando fue contactada por Juan José Yáñez Arreola, entonces subprocurador para el caso de desaparición y quien al dejar el cargo fue nombrado magistrado del Poder Judicial de Coahuila, actualmente retirado. Le dijo que tenía la encomienda de buscar a los desaparecidos.

Desde entonces no hay avances para fincar responsabilidades por la participación de las autoridades, mientras que la reparación del daño no se concreta por un amparo interpuesto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal. En el estado, el exgobernador y hoy senador Miguel Ángel Riquelme Solís quiso establecer la cifra de reparación equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pero hasta la fecha, señala, no han visto más que simulación.

A 15 años de la tragedia, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dice que hay tres causas penales abiertas por las que se emitieron 29 órdenes de aprehensión, pero sólo se han cumplimentado 17 de ellas.

“Es gente que está ingresada en Ceresos y Ceferesos y que con nuevas indagatorias se solicita una nueva orden de aprehensión”, señaló. Entre los detenidos no hay funcionarios de niveles medio o superior responsables de la seguridad en la entidad y el municipio de Allende. Para las familias, esto es una clara señal de impunidad.

En el caso de la familia Garza fueron 18 integrantes que desaparecieron y fueron asesinados en el rancho dividido en varias propiedades que el abuelo de Silvia les había heredado a sus hijos. Tíos, primos y trabajadores del lugar fueron víctimas.

El gobierno de Coahuila aseguró entonces que hubo 28 víctimas, aunque posteriormente, siendo gobernador, el actual diputado federal Rubén Moreira Valdez dijo que fueron más de 300 las víctimas y casi un centenar en el reclusorio varonil de Piedras Negras.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en la recomendación 10VG/2018 que se tienen documentados 38 desaparecidos.

Pensamos –dice una sobreviviente– que era un malentendido de estarse llevando a los demás. El único que sabíamos que andaba colaborando con Los Zetas era mi primo (José Luis Garza Gaytán) y pensamos que se iba esclarecer, pero después nos dimos cuenta de que no. Era una venganza y mi primo, sus hermanos y su mamá ya se habían movido a Estados Unidos. Él se había hecho testigo protegido para la DEA junto con los principales del grupo: Poncho Cuéllar y Héctor Moreno Villanueva. Yo digo que mi primo era el menos importante de la asociación, pero nuestra familia es muy grande.

Las mentiras del general

El arribo de camionetas con hombres armados se inició la noche del jueves 18 de marzo de 2011 y continuó durante el viernes y sábado. Silvia recuerda que alrededor de las 22:00 horas del sábado, a una cuadra de su domicilio, llegaron los delincuentes a casa de un tío de ella y empezaron a disparar; su pariente respondió a balazos y se enteraron que fue sacado sin vida, al igual que el resto de la familia.

A los tres días de los hechos ella y otros integrantes de su familia decidieron refugiarse en la ciudad texana de Eagle Pass al saber que aún se buscaba a familiares de varios integrantes del grupo delictivo que los traicionaron. Su padre y hermano se fueron a Monterrey, donde permanecieron un año. Después se dispersaron por distintos lugares.

“El domingo fuimos a la plaza por una nieve. Nosotros no sabíamos cómo estaban las cosas, pero el lunes ya vimos cómo empezaron a saquear las casas de mis tíos. Estuvimos esa noche del domingo, pero ya no dormimos en la casa y el lunes por la mañana fuimos por ropa; sacamos lo que pudimos y salimos de Allende”, dice.

Sin embargo, la pesadilla para la familia no se detuvo. Un año después, en marzo de 2012, fueron privados de su libertad su padre, Sergio Garza Garza, y su nueva pareja, así como dos hijos del nuevo matrimonio. Él regresó a atender una diligencia por los daños en una de las propiedades, pero se cree que la policía intervino y los entregó a los delincuentes.

De la pareja y uno de los menores no se supo más, mientras que al bebé de meses de nacido lo dejaron en una casa hogar y fue encontrado tres años después. En agosto de ese mismo año a su hermano, del mismo nombre que su padre, también lo desaparecieron y se supo que fue visto por última vez en el municipio de Morelos, muy cerca de Allende.

Mi hermano tenía 25 años y padecía esquizofrenia. Llegó a la casa de mis papás, que está destruida y saqueada, y mi hermano ahí estaba gritando y llorando que quería a su papá y a su mamá; dicen que de ahí lo sacaron los policías y lo entregaron a Los Zetas. Hay una declaración de un vigilante de las casas de seguridad que dice que lo vio en una casa de esas en el municipio de Morelos, un poblado que está a cinco minutos de Allende, y que ahí lo habían llevado a “cocinar”, que es la terminología que ellos usan para desaparecer los cuerpos.

Las familias afirman que no fue una masacre de unos días, sino de varios años, en que los delincuentes contaban con la protección de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, mientras que la comunidad se mantuvo en silencio por temor a que les pasara lo mismo, pero hubo quienes también participaron en el saqueo: muebles, electrodomésticos, herramientas y maquinaria habían desaparecido, al igual que tuberías y cableado. Las viviendas quedaron reducidas casi a escombros y así permanecen aún.

“La comunidad era oportunista, vieron árboles caídos y el que pudo hizo leña. Para ir a robar y saquear no tuvieron miedo. Siento que se volvió un pueblo sin ley y cualquiera se sentía con el derecho de robar, saquear y allanar”, describió otra de las víctimas.

Silvia creyó que estarían fuera tres o cuatro días, pero han pasado 15 años y las familias no se atreven a regresar porque desconfían de las autoridades del municipio y del estado, quienes en ese momento estuvieron coludidas con el crimen organizado y señalan también al Ejército porque no hizo acto de presencia pese a que contaba con un retén en la carretera 57, a pocos kilómetros de donde Los Zetas consumaban la masacre.

Cuestionan que se justifique con mentiras el general Luis Cresencio Sandoval, jefe de la Guarnición Militar en Piedras Negras en esa época y posteriormente secretario de la Defensa Nacional.

“Dice que él no estaba ahí, que él andaba cubriendo un incendio que abarcaba desde la ciudad de Acuña hasta Múzquiz. ¿Te puedes imaginar la magnitud del incendio? Nunca ha habido un incendio de tal magnitud. Dicen mentiras, los dejan seguir ahí en el gobierno y se cubren entre ellos”, señala.

Las familias recuerdan que, con esa relación de protección al crimen organizado, dejaron solas a las víctimas porque incluso los teléfonos públicos fueron arrancados y el 089 de emergencias se mantuvo bloqueado.

Al pasar el tiempo Silvia no logra entender lo ocurrido. El patrimonio que la familia construyó por años desapareció. Su padre se dedicaba a trabajos como contratista en las carboeléctricas de Nava y tenía un negocio de telefonía celular.

Otros integrantes trabajaban en ranchos, operaban maquinaria pesada, abrían pozos de agua, se dedicaban a la ganadería y tenían el proyecto de producir tomate, pero todo se esfumó con la violencia, que incluso alcanzó a otro familiar que acudió a denunciar, confirmando para ellos la colusión de autoridades con la delincuencia.