Por Edgardo Cabrera

Vaya escándalo el que estalló al cierre de la semana pasada cuando se conoció que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenarían camionetas de lujo y blindadas, fueron nueve Jeep Grand Cherokee adquiridas, cada una con un valor de hasta 1.7 millones de pesos, adicional al blindaje, con lo que el precio final se estimó en cerca de 3 millones de pesos.

Los integrantes de la Corte del Acordeón, como se les conoce, llegaron al puesto tras realizar su campaña electoral con el discurso de la austeridad y de terminar con los excesos, abusos y lujos de sus antecesores, no solo eso, en su discurso alusivo a su toma de protesta como presidente del “nuevo” Poder Judicial, el ministro Hugo Aguilar Ortiz anunció medidas de austeridad.

Por ello, la adquisición de las camionetas “machuchonas” fue severamente criticado. Tras la condena unánime, el domingo recularon, por medio de un comunicado de prensa anunciaron que serán devueltas, o en su caso, reasignadas a juzgadores que requieran medidas especiales de seguridad, las y los ministros se comprometieron a “no usarlas”.

UNA TRISTE HISTORIA CONOCIDA

Este caso reavivó el nuestro, el de las blindadas del bienestar familiar de los Cuéllar Cisneros y su ahijado, recordemos que aquí se volaron la barda, las camionetas pagadas con el presupuesto estatal fue un millonario negocio que amarró el zar de las compras en seguridad, Maximino Hernández Pulido. 

El cuasi notario recomendó la compra de diez, cada una con un valor de 5.6 millones de pesos y exigió que se hiciera por medio de la adjudicación directa a una empresa de cuestionado antecedente, para comparar, las de las Suprema Corte de Justicia valen prácticamente la mitad.   

Aunque aquí solo apenas se justificaría el uso de una unidad para la gobernadora, recordemos que ella y su equipo han pregonado que somos el estado más seguro del país y exenta de la delincuencia organizada, se empecinaron en adquirir una decena, 56 millones de pesos, mucho más que el presupuesto anual de varias dependencias y organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A diferencia de la Corte, aquí el cinismo y el descaro es de tal nivel, que, pese a que fue un escándalo nacional y local, no hubo arrepentimiento, jamás pasó por su cabeza la intención de devolverlas, por el contrario, impunemente siguen en uso por las dos hijas de la mandataria, el ahijado y sepa quiénes más, porque las unidades se ha documentado que hasta hacen guardia en la prepa Ibero donde estudia una de las nietas del bienestar familiar.  

Como la víspera lo comenté en este espacio, en Tlaxcala el nepotismo fue normalizado y hasta institucionalizado, lo mismo que los excesos de quienes navegan con el discurso de “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, o el amor por los más desprotegidos.

CONDOLENCIAS

La muerte de la periodista Susana Fernández Ordóñez fue un duro golpe para quienes la conocimos, en mi caso fue mentora, rectora, consejera y amiga. El periodismo de Tlaxcala debe agradecerle su emprendimiento del proyecto de la profesionalización del gremio con una escuela que tristemente hoy enfrenta el desinterés de las nuevas generaciones por estudiar la carrera de las Ciencias de la Comunicación, algo que ya no lamentará mi amiga, ojalá y los suyos mantengan el legado de quien puso en alto al periodismo en el estado y fuera de él. Extrañaré las pláticas lic.