Colectivas y la CEDHT se pronunciaron al respecto

Por Selene Sosa

La semana pasada, el Representante del Partido Alianza Ciudadana (PAC) en la LXV Legislatura, Héctor Ortiz Ortiz, encabezó un “foro de consulta ciudadana” para impulsar una iniciativa que regule la subrogación de vientres en Tlaxcala, por medio de reformas al Código Civil, lo que le valió diversos pronunciamientos y reclamos en su contra por parte de activistas y colectivas.

El Ex Gobernador convocó a las “Conferencias y foros de consulta pública sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida-Gestación Subrogada” para regularla por medio de un contrato especial reconocido en el Código Civil del Estado de Tlaxcala.

Las conferencias fueron impartidas por Carla Angélica Gómez Macfarland, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; Karina Fernández Mejía, subdirectora de Proyectos Educativos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y Omar Vázquez Sánchez, coordinador del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Además, en la consulta los participantes fueron únicamente estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), cuyo Rector es Serafín Ortiz Ortiz, hermano del diputado plurinominal.

Lo anterior, encendió los comentarios en redes sociales por parte de activistas y colectivas quienes arremetieron en contra del legislador y exigieron un pronunciamiento por parte del Senado de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su homóloga en la entidad.

Las activistas y colectivas reclamaron que la subrogación de vientres es un tipo de trata de personas con fines de explotación; “La Subrogación es una forma de #explotación y #mercantilización del cuerpo femenino, una manifestación de desigualdad económica y de poder, y una práctica difícil de regular sin vulnerar derechos humanos”, comentó la activista Haydee Noya.

Por su parte, el Colectivo “Mujeres Organizadas Tlaxcala” también emitió un pronunciamiento en el que puntualizaron las consecuencias de la subrogación de vientres, que termina en la comercialización de los cuerpos de las mujeres y la mercantilización de las infancias.

“Condenamos y señalamos enérgicamente las propuestas patriarcales y a cualquier persona que pretenda promover la explotación reproductiva de las mujeres tlaxcaltecas, los deseos individuales de las autoridades que promueven la gestación subrogada son violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres, basta de normalizar y querer regular la mercantilización y cosificación de los cuerpos, no permitiremos que en Tlaxcala exista más trata”.

Asimismo, la Red de Maestras Unidas Tlaxcala se sumó a los reclamos, puntualizando que la defensa del cuerpo y de la vida de las mujeres no sólo es un asunto legal o político, sino también educativo ya que ello impacta en el tipo de sociedades que se desea construir por lo que remarcaron la exigencia de la no mercantilización de los vientres de las mujeres.

“Desde la perspectiva educativa, aprobar la gestación subrogada en un contexto como el de Tlaxcala no es un acto positivo, ya que si el Estado valida una práctica que implica la mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres, envía un mensaje educativo y cultural que normaliza la idea de que el cuerpo femenino puede ponerse al servicio de otros cuando existen necesidades económicas, que somos un objeto de consumo, que somos mercancía que con dinero se puede poner a la disposición de quien pueda pagarlo, justamente como con la trata de mujeres”.

Por último, ante la ola de pronunciamientos y reclamos contra Ortíz Ortiz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala (CEDHT), finalmente emitió un comunicado al respecto en el que recordó que el trabajo legislativo debe tener la dignidad humana, la igualdad sustantiva, una vida libre de violencia y la no discriminación como ejes rectores.

En este sentido, si bien el órgano autónomo no se pronunció en contra de la propuesta del integrante del Poder Legislativo, sí conminó a que se abra el debate desde una base científica, ética y jurídica, con el principio pro persona.