Empleados, madres y activistas dan sus testimonios sobre lo que ocurre en el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses de la CDMX: cadáveres maltratados, donados ilegalmente, falta de insumos, autoridades omisas y revictimización de familiares.

Fuente: PROCESO

La crisis que enfrenta el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses (Incifo) pasa por la falta de insumos, déficit de personal, maltrato de cuerpos y acumulación de cadáveres no identificados, problemas que han sido denunciados públicamente por personal de la propia institución sin que hasta el momento haya una solución.

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de México han evitado pronunciarse de fondo sobre las condiciones en que opera el organismo forense.

El deterioro del funcionamiento del Incifo afecta la atención y dignidad de las víctimas directas e indirectas en la capital mexicana, quienes además denuncian prácticas cuestionadas, como la donación de cuerpos no identificados a instituciones educativas fuera de los tiempos legales establecidos. Esa situación agrava la vulnerabilidad de los restos humanos bajo custodia estatal y representa un nuevo nivel de revictimización al dificultar la identificación de personas desaparecidas y el acceso a la justicia, mientras la falta de insumos y personal sigue retrasando necropsias vitales para esclarecer homicidios, suicidios y accidentes.

En las instalaciones del Incifo el déficit de personal y las cargas excesivas de trabajo no sólo se reflejan en documentos apilados, también en cadáveres acumulados, con una tendencia a aumentar.

Un perito forense, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, compartió en entrevista: “Lo que hace como tres años eran cinco mil, en 2023, por ejemplo, fueron de seis mil 459 y en 2024, siete mil necropsias anuales. Si va a seguir aumentando tienen que prevenirlo”.

Al mismo tiempo los cuerpos acumulados en la institución corren el riesgo de ser donados, sin ser identificados y fuera de los tiempos legales, a una institución educativa, o incluso que se vulnere su derecho a ser tratados con dignidad en las propias instalaciones de la institución.

Existen pruebas de lo anterior: a finales de junio último, mientras los trabajadores del Incifo se encontraban en una protesta para exigir mejores condiciones laborales y solidarizarse con el paro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en redes sociales se filtraron videos con imágenes que evidencian el maltrato de cadáveres por parte de algunos peritos, entre ellos Andrés Oriol Morales, actual subdirector de Tanatología.

Los videos trascendieron en medios de comunicación, pero no fue así entre las autoridades del Poder Judicial, encargado del Incifo. De acuerdo con el perito entrevistado, ante sus inconformidades los trabajadores recibieron una “respuesta tibia” que se centró en un aumento salarial de 5% y no atendió las causas en profundidad; incluso, permitió que las violaciones a la dignidad de los cadáveres continúe impune, ya que el presidente magistrado, Rafael Guerra, sólo declaró al respecto que los videos fueron tomados hace un año.

“Parece que se le olvidó (a Guerra) ajustar las cuentas de los involucrados, o no quiso”, lamenta el perito sobres las irregularidades denunciadas.

“No hemos tenido ningún llamado por parte de la Contraloría para las quejas que se han metido. De hecho, Andrés Oriol, que ha salido en estos vídeos sobre maltrato de cadáver, igual continúa en sus funciones”, aseguró el profesional de las ciencias forenses que se dijo indignado ante la indiferencia de las autoridades.

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