Por Edgardo Cabrera

Una vez más, la política de comunicación del avestruz implementada por la Fiscalía General de Justicia estatal se puso en evidencia al ocultar, negar o admitir su ignorancia en torno a la detención de un cuarto implicado en el linchamiento de los policías estatales Rubén Bernabé Rocha y Antonio Hernández Portillo, ocurrido en abril del año pasado en Zacatelco.

Fueron agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) quienes capturaron en Connecticut, Estados Unidos, a Orlando N., alias “El Leches”, acusado de homicidio agravado, destacó el Departamento de Seguridad Nacional que dio a conocer la información el martes al tiempo de advertir que no serán refugio de criminales fugitivos e ilegales.

Su captura abrió una serie de interrogantes ya que las agencias de inteligencia norteamericana clasificaron a “El Leches” como miembro de una organización delictiva: el Cártel de Sinaloa. Su estancia en Zacatelco, donde ocurrió el linchamiento, es una prueba más de la presencia y operación de esos grupos en Tlaxcala, donde el gobierno hace cómo que no los ve y, podríamos asegurar, toleran así su estancia, no tienen la intención de combatirlos. 

La segunda preocupación, derivada de la detención, es que para la Fiscalía que encabeza Ernestina Carro les pasó de noche el tema, dijeron ignorar la captura y que en su registro “sigue activa la ficha de búsqueda”, el asunto es que aunque ayer se difundió el hecho por parte del Departamento de Seguridad Nacional, la detención ocurrió desde el pasado 12 de junio.

Hablamos, claro está, de la displicencia con la que actúan, tras doce días de la captura de este peligroso sujeto, en Tlaxcala, quienes giraron la orden de búsqueda y captura, no están atentos de sus fichas, no hay seguimiento y simplemente están esperando que alguien les informe -así lo confesaron-, no son proactivos, y menos para hacerle justicia a los suyos, esperemos que la carpeta esté bien integrada, no sea que lo extraditen para que en cuestión de días salga.

El 16 de junio del año pasado fueron vinculados a proceso tres hombres, supuestamente hubo “pruebas suficientes” que acreditaron su presunta responsabilidad, dijo el Ministerio Público, pero es la hora que no atinan a aclarar múltiples interrogantes, desde qué hacían en el lugar los policías estatales sin un grupo de respaldo, por qué los dejaron solos, quiénes fueron los incitadores y ejecutores del acto de barbarie, ahora, al menos gracias a los norteamericanos sabemos que un cartel está inmiscuido y, la última: qué sanción tuvieron los mandos de las víctimas.