Con un 29% más de violencia que en 2023, los servidores públicos mexicanos están más expuestos que en zonas de conflicto, advierte la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados. Sinaloa, Michoacán y Veracruz, los estados más peligrosos.

Fuente: PROCESO

La iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) alertó que México es el país del mundo más peligroso para funcionarios públicos locales, entre ellos alcaldes, concejales y empleados de gobiernos subnacionales como el de la Ciudad de México.

En su más reciente informe, correspondiente a 2024, reseña 324 eventos de violencia (asesinatos, ataques armados, secuestros y desapariciones) contra servidores públicos locales, un 29% más que en 2023, lo que supera a países con conflictos armados internos, como Myanmar.

En la categoría de funcionarios públicos locales, la organización internacional incluye a empleados de gobiernos subnacionales, como es el caso de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz, quienes fueron asesinados por un sicario el 20 de mayo último en esta capital.

También al presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, victimados a balazos durante la madrugada del 4 de junio.

La analista principal de la ACLED para América Latina, Sandra Pellegrini, dice a Proceso que estos ataques son “un indicador preocupante de que en 2025 las figuras políticas, especialmente a nivel local, continúan estando bajo amenaza”.

Sin embargo, explica, “no necesariamente podemos afirmar que 2025 será un año más violento, a pesar de estos episodios recientes”. Asegura que en los primeros cinco meses de este año se han producido menos ataques contra funcionarios locales que en el mismo periodo de 2024, un año electoral que fue especialmente violento en México.

De acuerdo con la experta en seguridad, este año también se observa que los procesos electorales, especialmente los locales, siguen siendo un motor importante de violencia.

Explica que el caso de Veracruz es un buen ejemplo, donde, según los datos recopilados por la ACLED, muestran que entre mayo último y lo que va de junio se produjo un repunte en los incidentes contra actores políticos locales, incluyendo a autoridades electorales, así como episodios de protestas y disturbios poselectorales.

Al mismo tiempo las disputas por el control político entre distintos actores locales de poder y los ataques presuntamente vinculados al crimen organizado continúan ocurriendo al margen del calendario electoral, señala.

Pellegrini plantea que, en ese sentido, el proceso de reconfiguración de la delincuencia organizada, en particular el vinculado a las disputas al interior del Cártel de Sinaloa, “también podrían estar generando nuevos focos de disputa criminal y un mayor riesgo para las figuras políticas.

Éstas, agrega, “podrían convertirse en blanco de grupos armados que buscan reforzar su control de recursos y posiciones de poder a nivel local”.

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