La SSC reconoce aumento de casos y anuncia operativo integral en los 60 municipios.

Por Stephany Rodríguez

En respuesta al incremento del consumo de sustancias ilegales dentro y fuera de las instituciones educativas, el gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), presentó una Estrategia Integral para la Disminución y Prevención de Venta y Consumo de Sustancias Ilegales en Instituciones Educativas.

Durante el acto oficial, el titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo, señaló que entre los municipios con mayor incidencia reportada se encuentran Quilehtla, San Pablo del Monte, Sanctorum, Tlaxcala capital, Contla, Cuapiaxtla, Zacatelco, Teolocholco y Chiautempan. Ahí, se han recibido quejas directas de padres, directores y docentes sobre la presencia de drogas como marihuana, metanfetaminas y el uso creciente de vapeadores entre el alumnado.

Perea Marrufo reconoció que si bien las denuncias formales ante el número 089 siguen siendo pocas, la percepción generalizada en el sector educativo refleja una realidad preocupante. “No hace falta una estadística para saber lo que sucede; directores y docentes ven diariamente cómo esta situación afecta la salud, el rendimiento académico y la seguridad de sus estudiantes”, afirmó.

La estrategia contempla la implementación de un protocolo de intervención que incluye revisión segura de mochilas, actividades lúdicas con enfoque preventivo, colaboración con padres de familia y sesiones psicoeducativas. Además, se integrarán operativos tanto en el interior como en los alrededores de las escuelas para evitar la venta de sustancias.

En este esfuerzo coordinado participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Centro de Integración Juvenil y otras instancias estatales y municipales.

Durante la presentación, se anunció también la firma de un convenio interinstitucional que formaliza la colaboración entre dependencias, con el fin de mantener una vigilancia constante en los 60 municipios de la entidad y establecer un diagnóstico puntual de la situación en cada región.

“Queremos escuelas libres de adicciones. No se trata de criminalizar a los jóvenes, sino de ofrecerles espacios seguros y de bienestar”, aseguró el secretario, quien también destacó que las medidas respetarán los derechos humanos de los menores, aunque subrayó la necesidad de actuar con firmeza.

Finalmente, Perea Marrufo llamó a las y los directores escolares a reportar los casos de forma confidencial para fortalecer el diagnóstico y aplicar las intervenciones donde más se requieren. “Si no reconocemos que hay un problema, no lo vamos a poder resolver”, concluyó.

La estrategia ya comenzó a implementarse en algunos planteles piloto con buena aceptación entre docentes y padres. En las próximas semanas se expandirá a todo el estado.