El gobierno estatal admite la falta de transporte hacia Puebla, pese a la demanda constante de usuarios.

Por Stephany Rodríguez

Durante una entrevista colectiva, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Marco Tulio Munive Temoltzin, reconoció que el municipio de Zitlaltépec carece de una ruta de transporte público que cubra la conexión hacia el estado de Puebla, pese a que existe un sector estudiantil que realiza ese trayecto de manera constante.

La declaración se dio en el contexto de una serie de compromisos institucionales orientados a mejorar el servicio de transporte público en la entidad, particularmente mediante la armonización de rutas y la atención a zonas que carecen de cobertura. Sin embargo, el reconocimiento de esta necesidad específica pone en evidencia la ausencia de acciones previas para atender a una comunidad con una demanda sostenida de movilidad.

Zitlaltépec no figura entre los centros urbanos con alta densidad, pero su dinámica diaria incluye traslados estudiantiles y laborales hacia municipios poblanos colindantes. La falta de una ruta formal representa un obstáculo recurrente para los habitantes, quienes deben recurrir a medios de transporte no regulados, exponiéndose a condiciones inadecuadas de seguridad y cobertura.

El anuncio del secretario de Movilidad se limitó a señalar la intención de atender el caso, sin detallar un plan operativo, presupuesto asignado o fecha estimada de implementación. La omisión previa, ahora reconocida públicamente, refleja una carencia estructural en la planificación del servicio de transporte en regiones periféricas del estado.

En el marco del mismo evento, se mencionó que se realizarán estudios técnicos para establecer nuevas rutas alimentadoras, lo cual incluiría zonas como Zitlaltépec. No obstante, la falta de diagnósticos actualizados sobre la demanda de transporte en comunidades del interior sigue representando una barrera para el diseño de soluciones eficaces.

El caso de Zitlaltépec evidencia la necesidad de una política de movilidad pública que integre criterios de equidad territorial, garantice cobertura en zonas marginadas y reconozca las necesidades específicas de los sectores que dependen del transporte intermunicipal para acceder a derechos básicos.