La SEPE admite que la restricción impacta la economía escolar, mientras estudiantes siguen comprando alimentos ultraprocesados fuera de los planteles.

Por Stephany Rodríguez

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) ha reconocido públicamente el impacto económico que ha generado en las escuelas de Tlaxcala la prohibición de vender comida chatarra dentro de los planteles. Aunque la medida busca mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes, su aplicación ha provocado una disminución en los ingresos que tradicionalmente obtenían las cooperativas escolares.

“Ese pago que se da en las escuelas explicó el titular de la SEPE, Homero Meneses Hernández se acuerda con el director o directora y el comité de padres. Se basa en lo que se pagaba el año anterior y suele destinarse a materiales, equipamiento y gastos menores. Al eliminarse la venta de productos ultraprocesados, algunas cooperativas y establecimientos están dejando de pagar lo mismo que antes, y eso sí impacta directamente en las escuelas”.

Meneses señaló que aunque la venta está prohibida dentro de los centros educativos, los estudiantes continúan comprando comida chatarra fuera de las instalaciones. “La prohibición es adentro, pero afuera venden igual o más. Desafortunadamente, los niños siguen consumiendo estos productos”, dijo.

En paralelo, algunos comerciantes locales como los que venden alegrías, palanquetas y muéganos han buscado establecer convenios con la SEPE para ingresar sus productos a las escuelas, argumentando que no tienen sellos de advertencia. Sin embargo, el secretario aclaró que estos procesos requieren organización y no están autorizados de forma masiva.

La confusión entre lo que está prohibido y lo que no ha provocado incluso amenazas legales. Meneses narró el caso de un padre de familia que intentó ampararse para que su hijo pudiera consumir productos chatarra. “Le dije que no hacía falta el amparo. La ley prohíbe venderlos en la escuela, no que los niños los consuman. Si el padre decide darle a su hijo papas, refrescos, incluso tabaco o alcohol, ojalá el DIF lo sancione, pero no es competencia directa de la SEPE”, expresó.

Pese a las críticas, el secretario anunció que en mayo se aplicará un cuestionario para conocer a detalle el impacto de esta política. Mientras tanto, las escuelas siguen ajustando su operación con menos ingresos y sin una estrategia clara para sustituir lo que antes aportaban las cooperativas escolares.

La medida, aunque bien intencionada, parece haber sido implementada sin prever los efectos colaterales sobre la economía de los planteles, que ahora enfrentan un nuevo reto: funcionar con menos recursos, mientras la venta de comida chatarra simplemente se traslada de lugar.