Los tres agentes son parte de 37 integrantes de la Procuraduría que han sido suspendidos por posibles delitos como secuestro, homicidio, asalto y tráfico de influencias, en un periodo que comprende de 2020 a 2024.

Fuente: PROCESO

Tres agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) recabaron pruebas por el asesinato del hijo de un personaje político. Por sus aportaciones, un hombre fue detenido y vinculado a proceso; la fiscalía pidió para él 40 años de prisión. Meses después, el “presunto culpable” y los agentes se encontraron en prisión, acusados de secuestro.

Las supuestas pruebas que presentaron fueron manipuladas o insuficientes, determinó un Tribunal de Enjuiciamiento en abril de 2022, cuando dio la libertad a quien los elementos de la Procuraduría presentaron como supuesto homicida.

El caso es el de Fernando R.M., quien pasó 25 meses en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca acusado del asesinato de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán. Los agentes son parte de 37 integrantes de la Procuraduría que han sido suspendidos por posibles delitos como secuestro, homicidio, asalto y tráfico de influencias, en un periodo que comprende de 2020 a 2024: los últimos años de gobierno de Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega, y los primeros del morenista Julio Menchaca Salazar.

Entre los posibles ilícitos por los que servidores públicos adscritos a la PGJEH fueron separados de sus funciones están cohecho (cinco), tráfico de influencias, uso de documentos falsos, usurpación de profesiones y abuso de autoridad, con un caso cada uno.

Ocho elementos han sido imputados por secuestro, uno por homicidio, otro por asalto y dos más por homicidio culposo a consecuencia de omisiones e incumplimiento de un deber legal, reveló el Poder Ejecutivo como respuesta a la solicitud de información 130213100019125 dirigida por Proceso.

También dio a conocer ocho casos por delitos cometidos por servidores públicos, cuatro por incumplimiento de un deber legal, así como uno por ejercicio indebido del servicio público e incumplimiento de un deber legal, y otro más por ultrajes.

Presuntamente, sus elementos igualmente han incurrido en abuso de autoridad y uso de documentos falsos, así como abuso de autoridad, infidelidad de la custodia de documentos, y delitos cometidos por servidores públicos, por los que dos de sus elementos dejaron sus cargos ante los procesos que enfrentan.

Aunque el gobierno de Menchaca Salazar no precisa el cargo que tenía cada funcionario respecto al delito que posiblemente cometió, dio a conocer que uno era notificador especial, dos jefes de área, uno director, 15 agentes del ministerio público y 18 agentes de investigación.

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