Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

 Entre enero y diciembre de 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en Tlaxcala tenía 369 investigaciones iniciadas por posibles delitos de esta naturaleza; sin embargo, solo 33 avanzaron lo necesario para ser judicializadas, en 29 se logró la vinculación a proceso de los presuntos responsables, pero apenas una terminó en sentencia condenatoria.

Los datos confirman un fenómeno que se conoce como el “embudo penal”; es decir, “mientras se avanza en las etapas de investigación y determinación de un caso, el número de indagatorias va en descenso, y son una minoría los que terminan presentados ante un juez y una minoría aún más reducida en los que se obtiene una sentencia”.

“Este balance -que se presenta a nivel nacional- es preocupante”, concluyó el Observatorio Ciudadano Anticorrupción al hacer un análisis de la situación registrada en las fiscalías anticorrupción de todo México, sus resultados y retos.

En el caso de Tlaxcala, las cifras referidas son resultado de que la Fiscalía Anticorrupción solo cuenta con cuatro agentes del Ministerio Público, seis policías de investigación, cuatro analistas, ningún oficial ministerial y carece de peritos en la materia. En el caso de los dos primeros, la cifra de personal se mantiene sin cambios desde el año 2020.

La investigación realizada por el observatorio -impulsado por la organización Tojil, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México- desvela que cada agente del MP en la entidad tenía asignadas 92 indagatorias, mientras que cada policía de investigación tenía a su cargo 62 en promedio.

“Para solventar este déficit de policías investigadores, los agentes del MP de las fiscalías anticorrupción suelen recurrir a la policía ministerial asignada a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin embargo, esta situación no es la ideal, ya que estos policías no siempre están especializados en delitos de corrupción y su disponibilidad limitada genera retrasos en las diligencias”, según Tojil.

En septiembre pasado, la entonces titular de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo y presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción de México (Conafa), reconoció que el déficit de policías investigadores “es uno de los puntos débiles más importantes al indagar delitos. Sin precisar ejemplos, dijo que hay entidades donde, incluso, los titulares de las Fiscalías generales de justicia tienen más policías investigadores asignados como escoltas, que fiscalías anticorrupción con policías suficientes para indagar sus delitos”.

Para este estudio, un aspecto que los titulares de las fiscalías anticorrupción destacaron fue la posibilidad de resolver casos por vías alternas como los acuerdos reparatorios, “lo que permite dar un cierre al caos con la reparación del daño en beneficio de la víctima aun cuando no se llegue al juicio”. En el caso de Tlaxcala, a través de esa figura fue posible determinar tres carpetas de investigación durante 2023.

Si bien la investigación realizada a nivel nacional por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción abarca de enero de 2023 a junio de 2024, la entonces procuradora de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, solo respondió a la solicitud de información correspondiente al año pasado. Respecto de los datos relativos al primer semestre de esta anualidad se abstuvo de contestar los requerimientos.

PESADAS CARGAS LABORALES…Y SIN PERITOS

En la segunda edición del reporte “Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción” -también elaborado por Tojil- se puede observar la evolución de las investigaciones relacionadas con delitos de este tipo en Tlaxcala y en todo el país con datos del año 2020 al 2022.

En 2020 había 624 carpetas de investigación abiertas, de las cuales cada uno de los cuatro agentes del Ministerio Público tenía asignadas un promedio de 156; es decir, cada policía uno de los seis policías de investigación tenía a su cargo un promedio de 104 indagatorias. Desde entonces la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en Tlaxcala carece de perito alguno.

Con ese dato, la fiscalía local estaba entre las primeras seis de los estados de la República en las que los agentes del MP tenían a su cargo más de 100.

Ya en 2022 las cargas de trabajo disminuyeron: para entonces, los agentes del MP se responsabilizaban, en promedio, de 140 carpetas; en tanto que los policías tenían a su cargo 93 indagatorias.

Del total de las investigaciones iniciadas, en los dos años referidos no hubo ninguna que terminara en sentencias condenatorias, evidencia clara de los niveles de impunidad existentes en Tlaxcala.

En contraparte, en 2020 de las 624 carpetas iniciadas un total de 16 fueron judicializadas y solo una terminó con la vinculación a proceso del probable responsable.

En 2022, de las 559 indagatorias abiertas un total de 126 fueron judicializadas y en 24 hubo vinculación a proceso de los probables responsables.

En el ínter de 2020 a 2022, un oficio fechado el 11 de junio de 2021 -es decir, casi en el ocaso de la administración del entonces gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez- evidencia datos que llaman la atención: de enero a febrero de ese año se iniciaron 140 carpetas de investigación, de las cuales se judicializaron 14, y había “mil 579 actos de investigación pendientes al esclarecimiento del delito”.

La información fue remitida por la entonces jefa de oficina del Sistema Anticorrupción y Vinculación Institucional, Liliana Espinosa Arriaga, al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, Julio Caporal Flores, a solicitud del fiscal especializado en la materia, César Pérez Hernández.

FISCALÍA SIN IMPACTO

En su tesis presentada en octubre de 2021 para obtener en El Colegio de Tlaxcala (Coltlax) el grado de Doctora en Gobierno, Gestión y Democracia, Jehivie Adaluz Cabrera López fue lapidaria al concluir que el actuar de la Fiscalía Anticorrupción local “carece de eficacia y eficiencia”. https://revistacoltlax.mx/omp/index.php/repositoriocoltlax/catalog/view/31/50/167

En su investigación, recordó que la Fiscalía “inicia funciones después de que es nombrado el fiscal anticorrupción en octubre del 2018. Desde esa fecha, hasta   diciembre de 2020, esta institución ha iniciado 667carpetas de investigación, de las cuales solo el 2.5 han sido judicializadas, lo que corrobora la hipótesis planteada: la Fiscalía no ha tenido un impacto en el combate a la corrupción de Tlaxcala”.

Coligió que “la baja judicialización sobre casos de corrupción impacta directamente en su legitimidad y efectividad”: de las 667 investigaciones iniciadas, “en 2019 ninguna carpeta fue judicializada, en 2020 con la situación atípica (sic) el cierre de juzgados y diversas dependencias gubernamentales se logró judicializar 16 investigaciones, solo el 2.4 % lo que demuestra que el actuar de la Fiscalía carece de eficacia y eficiencia”.

Al referirse al personal con el que, hasta esa fecha, contaba la Fiscalía, Cabrera López consideró que “es evidente que para que se aplique la ley de manera correcta, se requieren servidores públicos profesionales, íntegros y más en una institución como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Merino (2013) establece que una forma de combatir la corrupción es eliminando la captura política de los puestos públicos, pugna por una gestión pública profesional, políticamente imparcial y basada en el mérito probado de los servidores públicos”.

Sin embargo, observó, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no existe una disposición normativa que establezca el proceso de selección del personal tanto sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar, si bien la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público prevé que contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido  cumplimiento  de  sus  funciones,  pero “no establece otra referencia al proceso de reclutamiento o selección del personal”.

Descubrió que, según datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al menos entre los años 2019 y 2020 no hubo convocatorias de ingreso para cualquier puesto de la Fiscalía Anticorrupción, y tampoco había planes de formación inicial y capacitación continua para los servidores públicos de esa área.

Lo anterior derivó en que “los seis policías de investigación con los que cuenta la Fiscalía fueron reclutados por la Procuraduría General de Justicia, al igual que los cuatro Ministerios Públicos y cuatro analistas. Respecto al resto del personal este, es contratado a través de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala”.

Jehivie Adaluz Cabrera también encontró que la Fiscalía no contaba con personal de base ni confianza y que “todo el personal es contratado bajo el régimen laboral de honorarios asimilables a salarios, lo que genera una inestabilidad laboral y fuerte movilidad del personal (renuncias, despidos, etc.)”.

En su investigación, refirió que el fiscal anticorrupción fue nombrado a finales de octubre de 2018, y entre noviembre y diciembre de esa anualidad la institución recibió seis denuncias.

“De acuerdo al primer informe anual de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, llama la atención la cantidad de actividades de capacitación, reuniones y eventos en las que intervino el Fiscal, mientras que lo que corresponde al aspecto jurídico legal, es muy limitado y solo se reduce a establecer la cantidad denuncias recibidas”.

Sobre las denuncias, especificó que 271 “las remitieron diversas autoridades sin más especificaciones. La ciudadanía denunció un total (de) 123 hechos probablemente constitutivos de delito de estas (…) en esa anualidad (2019) ninguna carpeta de investigación fue judicializada, sin ninguna vinculación a proceso”.

El delito más denunciado ese año fue el abuso de autoridad, “el cual cometen generalmente los policías, tanto estatales como municipales quienes, aprovechándose de los cargos y de las funciones que tienen, abusan del poder de los mismos, para satisfacer intereses personales o de terceros allegados a ellos”.

Señaló que los delitos patrimoniales como el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito son menos denunciados.