Su publicación en el Periódico Oficial se realizó hasta el 12 de noviembre

Por Selene Sosa

El gobierno morenista de Tlaxcala ocultó la inconstitucionalidad del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado (ITDEP) tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo.

Fueron seis meses y luego de mandar una iniciativa para abrogar la norma en la materia que ordenó la publicación de la resolución de la Corte en el Periódico Oficial.

Hay que recordar que, la SCJN emitió la resolución de inconstitucionalidad en mayo de este año, luego de que el pasado 14 de febrero se publicó la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad.

Desde mayo, la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Tlaxcala tuvo conocimiento de la resolución puesto que, tanto ella como titular del Poder Ejecutivo Local, así como quienes conformaban la pasada Legislatura, tuvieron la oportunidad de justificar la creación del ITDEP.

Según el documento emitido por la SCJN, publicado apenas el pasado 12 de noviembre, “Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala rindieron informes defendiendo la constitucionalidad de la norma impugnada”.

Es preciso recordar que Cuéllar Cisneros envió al Congreso Tlaxcalteca, actualmente a la LXV Legislatura conformada en su mayoría por diputadas y diputados reelectos, su iniciativa para extinguir el ITDEP el pasado 07 de noviembre, mientras que, días después, publicó la acción de inconstitucionalidad, el 12.

Lo anterior significa que la ex priísta estuvo prácticamente seis meses en omisión ante la resolución de la Corte, situación que fue conocida por las y los integrantes de la LXIV Legislatura a la cual, de hecho, se sabía trasgresora del derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Ello ya que, “La Legislatura local no está facultada para reglamentar la administración y destino de bienes sujetos a extinción de dominio, pues el Congreso de la Unión es el único ente legitimado a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El Congreso local emitió una doble regulación sobre supuestos ya previstos en la Ley Nacional”.

En consecuencia, durante seis meses, Miguel Sánchez Ramírez, ahora ex director del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado y recién nombrado consejero del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) de Tlaxcala, ejerció recursos públicos para la operatividad del mismo, pese a saberse en inconstitucionalidad.