Cuestionó la ‘opaca’ operatividad del mismo

Por Selene Sosa

Previo a aprobar la iniciativa para desaparecer el Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Blanca Águila Lima, remarcó que el fondo de la propuesta provino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual invalidó su creación y lo calificó como inconstitucional.

La legisladora aseveró que, desde que la iniciativa para su creación llegó a la LXIV Legislatura, tanto ella como el ex diputado Juan Manuel Cambrón Soria, señalaron la inconstitucionalidad de la misma y su innecesaria puesta en marcha, dado que no se armonizaba con la Ley Federal ya vigente, por lo que la votaron en contra.

No obstante, con la mayoría de diputados oficialistas en el Pleno, se aprobó en febrero de 2023 y pese a que no existía presupuesto para su puesta en marcha, fue la Secretaría de Finanzas (SF) la que dijo “se haría cargo”, sin que se dieran a conocer los pormenores del financiamiento para dicho año fiscal.

Para 2024, el Organismo Público Descentralizado en cuestión, tuvo 18 millones de pesos para su operación, no obstante, se desconoce su funcionamiento, puesto que no se ha informado sobre los bienes incautados ni demás actividades del Instituto a cargo de “cuestionable” Miguel Sánchez Ramírez, ex aspirante a la magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En su intervención, la ex priísta puntualizó que la creación y ahora extinción del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, no es más que evidencia de que el Gobierno Estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros es de “ocurrencias y experimentos”.

“Se trata de una administración sin rumbo y que, a más de tres años de haber iniciado, no vemos una línea clara de los destinos a los que nos está llevando el gobierno de la mal llamada cuarta transformación”, espetó.

Asimismo, cuestionó igualmente la operación del Instituto y la aplicación del erario en su funcionamiento, toda vez que remarcó que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tampoco existe información al respecto, lo que dijo, da pie a que el pueblo de Tlaxcala perciba el asunto como posible desvío de recursos y corrupción.

“Esta decisión no sólo refleja una falta de planeación y visión a largo plazo, sino que además parece diseñada para encubrir la ineficiencia y el posible mal uso de los recursos; Al no haber un control sobre el destino de estos bienes, el gobierno está dejando abierta la puerta a la opacidad y… a actos de corrupción, premisa distinta a aquella que incluyen en su narrativa de no mentir, robar y no traicionar al pueblo; Este desmantelamiento no responde a un análisis profundo o una reestructuración necesaria, sino a la improvisación que caracteriza a esta administración” culminó.