Autoridades municipales, las que más violan derechos humanos en Tlaxcala
25 de junio - 2024

Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Autoridades municipales concentraron 41.41% de las 454 quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

Las violaciones registradas tuvieron una mayor incidencia en Chiautempan, Tlaxcala, Zacatelco, Huamantla y Tlaxco, según datos contenidos en el tercer informe de labores de la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer.

Chiautempan, gobernado por Gustavo Jiménez, encabeza la lista con 23 quejas; le sigue Tlaxcala, cuya presidenta es Maribel Pérez, con 18; Zacatelco -donde ahora funge como alcalde un interino, pues el propietario, Hildeberto N., está sujeto a proceso por el delito de peculado- suma 15.

En esa deshonrosa lista también aparece Huamantla, donde gobierna Juan Salvador Santos Cedillo -quien resultó reelecto en los comicios del 2 de junio- con 10; y Tlaxco, donde funge como edil Armando Flores, con 10.

De los 188 casos que involucran a ese nivel de gobierno, en 101 fueron señalados elementos policiacos; en 45, los propios alcaldes; en diez, presidentes de comunidad; en nueve, jueces municipales; en seis, directores de corporaciones de seguridad; en seis, regidores; en cinco, agentes auxiliares del Ministerio Público; y en uno, médico fisioterapista, (personal de) servicios municipales, síndico, presidenta del DIF, director de Industria y Comercio, y (empleados de la) Comisión de Agua Potable.

Otros 129 casos competen a la SEPE-USET, de los cuales 59 involucran a directores de planteles del nivel básico; 39 a docentes de preescolar, primaria y secundaria; cinco, a personal de servicios educativos; cinco, a supervisoras; cuatro, a directivos del subsistema Cobat; tres, a jefes del Departamento de Escuelas Segundarias Generales; dos, a prefectos de secundaria; dos, a directores de planteles del Cecyte; y dos, a coordinadores de bibliotecas.

Con un caso respectivamente hay quejas contra bibliotecario de secundaria, coordinador académico, trabajador social del CAM, director de evaluación educativa, docente del Cecyte, maestro del Cobat, jefa de sector y jefa del Departamento de Preescolar.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acumuló en el lapso referido un total de 42 quejas, 20 de las cuales fueron por la actuación de agentes del Ministerio Público, 19 contra policías de investigación, dos que involucran a personal de la Fiscalía Especial de Combate al Secuestro, y una al director de la Policía de Investigación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) registró 34 quejas, de las cuales 23 fueron contra actos indebidos de policías estatales, seis por custodios de centros penitenciarios, una contra el director de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), y con una respectivamente figuran el director operativo de la dependencia, una policía de género, y el comisario de la Policía Estatal.

El organismo autónomo también registró en el último año quejas contra la Secretaría de Salud (11), el Poder Judicial (11), Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Social (4), delegados de colonias y unidades habitacionales, docente de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) y DIF (3), Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y Dirección de Ingresos y Fiscalización (1).

Las restantes 22 quejas se reparten entre personal del Conalep, Servicios de Emergencia 911, Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos, ITEA, Coeprist, Universidad del Bienestar y hasta el Patronato de la Feria de Tlaxcala, entre otros.

DERECHOS MÁS VULNERADOS

De acuerdo con datos del tercer informe de labores de la presidenta de la CEDH, los derechos más vulnerados por personas servidoras públicas municipales son el relativo a la legalidad y seguridad jurídica en 127 casos, de petición (17), a la integridad y seguridad personal (14), a la igualdad y trato digno (9), al trabajo (4) y a la vida (3).

“Estos datos resaltan la necesidad de fortalecer las políticas de capacitación y concienciación en los municipios para asegurar el respeto a los derechos humanos y mitigar la repetición de tales trasgresiones”, considera en su informe la ombudsperson.

Con relación a la SEPE-USET, los derechos más vulnerados fueron el relativo a la educación (37), a la legalidad y seguridad jurídica (18), violencia laboral, sexual y psicológica en contra de las mujeres (13).

De las quejas contra personal de la PGJE, en 33 casos se violó el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y con uno respectivamente, aparecen vulnerados los derechos de petición, a la igualdad y trato digno, al debido proceso, a vivir una vida libre de violencia institucional y detención arbitraria, entre otros.

En el caso de derechos vulnerados por otras autoridades, estatales y municipales, aparecen con mayor frecuencia el relativo a la legalidad y seguridad jurídica (27), a la igualdad y trato digno (5), a la protección a la salud (4) y a la legalidad (4).