Por Edgardo Cabrera

No lo han dimensionado, pero en los hechos ya tienen un gran problema ocasionado por sus ansias y falta de planeación, al día de hoy jueves, restan 48 días para que entre en operaciones la “nueva” Fiscalía General de Justicia del Estado y la cuenta regresiva sigue avanzado a paso acelerado, pero parece que en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial los plazos les han pasado de noche, andaban más ocupados en la politiquería electoral.

Para empezar, es la fecha que el Ejecutivo no ha formalizado ante el legislativo la entrega de la terna para evaluar y nombrar a quien ocupe el cargo, las señales apuntan a la continuidad de Ernestina Carro, de ser así, con tal de tener una fiscal “carnala”, deben agotar el procedimiento establecido por ley, su ley reformada y en la que se fijó como plazo fatal el último día de julio.

No es la única omisión, la reforma publicada el pasado 21 de mayo en el Periódico Oficial marcó más plazos irrevocables, el inmediato es la creación de la Ley Orgánica de la FGJE, les restan 17 días a los diputados para elaborarla, o, mejor dicho, para que se las manden desde el despacho de la gobernadora, y, como ya los conocemos, no dudamos que sea una copia de otras entidades, como Puebla, esperemos que ahora sí, al menos le cambian el nombre del estado.

El nuevo marco normativo del organismo impartidor de justicia tendrá que ser bajado a directivos y personal operativo. Piensan que son autómatas y que lo memorizarán en cuestión de minutos para ponerlo en práctica, ya imaginó el área de control interno las chamaqueadas que le harán pasar. 

Eso preocupa, reitero, porque no han dimensionado lo que se les viene, los conflictos que generarán al interior de la fiscalía y con los ciudadanos de a pie, los justificables, abogados, y por supuesto al gobierno de Cuéllar y al Tribunal de Justicia de Anel Bañuelos, simplemente, por esos mismos tiempos marcados en la reforma les lloverán amparos, y no dude que comiencen a caérseles los casos. Los abogados ya se frotan las manos.

Y es que mire, entre lo muy grave, el artículo décimo transitorio de la reforma elaborada desde el Ejecutivo y mandada a la ventana de trámites en que se convirtió el Congreso, establece que antes que entre en funcionamiento la FGJE, la moribunda PGJE deberá concluir “todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación”. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 elaborado por el INEGI, había más de 4 mil 500 iniciadas por la instancia local y federal, eso en el año 2021, claro, el mayor porcentaje es competencia del fuero estatal.

Aún no han explicado cómo lo harán; en todos esos casos los implicados y relacionados, así como las víctimas tienen derecho a saber los procedimientos para no afectar sus garantías.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 

En lo institucional, a la fecha no se ha integrado un equipo de trabajo donde estén diputados, procuraduría, ejecutivo, judicial y derechos humanos, ¿por qué es relevante?, nada menos porque la Fiscalía se supone autónoma y todos tendrían que estar en la misma sintonía. A 48 días, simplemente habrá más lagunas, como aquella que, también por ley, establece que el personal que pertenezca a la FGJE “deberá ser seleccionado mediante un concurso de oposición abierto y antes del examen, todos los aspirantes recibirán un curso intensivo de capacitación durante cinco meses, lo que por supuesto no han hecho, ahora imagine sino pasan la evaluación de dónde sacarán empleados, o, con tal de no entrar en crisis, se harán de la vista gorda y tendremos a analfabetas judiciales funcionales. Al tiempo.