Por José Luis Ahuactzin

A 16 meses del gobierno morenista, la procuradora Ernestina Carro Roldán y 4 funcionarios más de su gabinete, no cuentan con alguna evaluación de control de confianza, pese a que la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público se los exige.

Una solicitud de información a los gobiernos federal y estatal 2022, reveló que en los archivos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, no cuentan con expediente alguno.

El gobierno federal, a través de la FGR remitió su informe bajo el número de oficio FGR /UTAG/DG/000322/2023; en el caso del gobierno estatal fue a través de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP), bajo el oficio CESESP/CEI/12C.6/1262/2922, ambos firmados en el 2022.

La solicitud de información, requirió conocer ‘fecha del examen de control y confianza, duración de la aplicación del examen de control y confianza, examen de control y confianza, y resultados del examen de control…’; la respuesta en los archivos de la FGR fue la inexistencia de archivos, pero sugirió que el gobierno del estado podría tener la información.

Se trata de los funcionarios Ernestina Carro Roldán, procuradora; María Azucena Jiménez Pacheco, subprocuradora de operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Además de ellos, Liz Aurora Sánchez Fuentes, jefe del departamento de Investigación del delito; Sonia Lilian Rodríguez Becerra, jefe de departamento administrativo; Rabindranath Atalo Rodríguez Rodríguez, jefe unidad de visitaduría.

En dicha solicitud también se incluyó al entonces secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Raúl Ruíz García, y se concluyó en ambas respuestas por los gobiernos estatal y federal, tampoco existe archivo alguno sobre la evaluación de control de confianza.

Omisión a Ley Orgánica

Derivado de la omisión de los servidores públicos al frente de la PGJE, sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, la fracción XII del artículo 48, exige a los servidores públicos someterse a dichas evaluaciones.

‘Someterse a los procesos de evaluación al desempeño y control de confianza de conformidad con las disposiciones legalmente aplicables…’.

No obstante, la misma norma señala que el incumplimiento a la legislación es causa de responsabilidad y sanción.

‘Artículo 49. Todo servidor público de la Procuraduría que incumpla con las obligaciones derivadas de esta Ley, su Reglamento y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, deberá ser sancionado conforme al procedimiento legalmente previsto para tal efecto…’.