El dinero fue entregado en el sexenio pasado mediante convenios sin licitaciones a intermediarios (y no directamente a los beneficiarios) como la Concamin. La ASF identificó más de 40 irregularidades en la asignación y ejercicio de los recursos.

Fuente: ANIMAL POLÍTICO

La Secretaría de Economía (SE) entregó el sexenio pasado más de 650 millones de pesos a confederaciones empresariales, supuestamente para apoyar a emprendedores y pymes, pero no se sabe dónde quedó ese dinero.

Los recursos se adjudicaron a través de 249 convenios firmados con dichos organismos, en los que no hubo licitaciones y se le entregaron a organismos como Concamin, Canaco y Canacintra. Solo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hay cinco convenios –de los que Animal Político tiene copia–, que se firmaron a unas semanas de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El dinero se pagó y en 2019 se entregaron los informes para justificar la inversión. Sin embargo, de la revisión de dichos documentos entregados por Concamin la actual administración de la Secretaría de Economía no ha encontrado pruebas de que el dinero realmente se haya usado en lo que se reportó.

Una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) advierte que se usaron presuntas empresas fantasma para simular la realización de los servicios pagados con el Fondo Nacional del Emprendedor.

La Concamin confirmó a este medio que en su carácter de “organismo intermedio” recibió a finales de 2018 más de 70 millones de pesos como resultado de solicitudes y convenios que fueron firmados por un director general que ya no labora en el organismo, y sin el conocimiento de su actual presidente.

No obstante, a diferencia de lo planteado por la Secretaría de Economía, sus actuales dirigentes afirmaron que los servicios pactados se cumplieron conforme a las reglas de operación del fondo y se remitieron los entregables que lo prueban, aunque hasta la fecha no hayan recibido la respuesta oficial de la autoridad que valide que los recursos se aplicaron correctamente.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó más de 40 distintos tipos de irregularidades en la forma en como se entregaron, supervisaron, ejercieron y se intentaron comprobar los recursos para emprendedores asignados a intermediarios como Canaco o Canacintra entre 2015 y 2018, ocasionando con ello un fraude millonario al erario. Una situación propiciada por la negligencia de servidores públicos que estaban a cargo.

Estas irregularidades ocurrieron en el periodo en que la Secretaría de Economía fue encabezada por Ildefonso Guajardo, quien actualmente se encuentra bajo investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. El dinero fue canalizado a través de uno de sus órganos desconcentrados, denominado Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el cual fue extinto al arranque del actual sexenio por sospechas de gastos excesivos y posible corrupción.

“En términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Se identificaron deficiencias de control en las actividades que desarrolló el INADEM para realizar el seguimiento de la comprobación del ejercicio y aplicación de los recursos de los proyectos que previamente fueron autorizados”, concluye la ASF.

El mecanismo: dinero a intermediarios

Con la finalidad de impulsar a los emprendedores y fortalecer el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en 2013 el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto creó el denominado Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía.

La función principal del INADEM era supervisar y vigilar la correcta operación del Fondo Nacional del Emprendedor a través del cual se buscaba financiar proyectos que apoyaran a personas y mipymes en temas como acceso al mercado y a cadenas de proveeduría y producción.

Pero en las reglas de operación de dicho fondo se estableció que los recursos no se asignarían directamente a los beneficiarios, sino que se canalizarían a través de “órganos intermedios” (entre ellos organismos empresariales) los cuales postularían proyectos que de cumplir con la normativa aplicable ameritarían la asignación directa de los recursos, sin necesidad de una licitación u otro concurso público.

De acuerdo con las auditorías de la ASF, estas reglas presentaban múltiples irregularidades. Por ejemplo: no se establecía la documentación mínima para acreditar el desarrollo de los proyectos aprobados y su correcta aplicación; no había un tabulador diseñado para la asignación de recursos de manera directa; ni había mecanismos adecuados para evitar duplicidad en los apoyos mas allá de una carta compromiso.

Los auditores también identificaron fallas en la plataforma electrónica diseñada para operar estos recursos, situación grave pues se trataba de la única vía para un correcto seguimiento de los proyectos. Ello sumado a diversas irregularidades mas en la estructura del propio INADEM.

En diciembre de 2018, apenas al asumir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondría la extinción del INADEM bajo el argumento de que era mejor entregar de manera directa los apoyos a beneficiarios y evitar “intermediarios” que favorecían la burocracia y la corrupción.

En junio de 2019 y en una votación dividida el Senado avaló la desaparición del Instituto. El senador Rubén Rocha de Morena acusó que los gastos del INADEM sin comprobar rebasaban los 11 mil millones de pesos en ese momento.