Por Edgardo Cabrera

Nos confirman que en el Congreso local hay preocupación por las dos impugnaciones promovidas por particulares en contra de la nueva Ley de Educación.

El asunto radica en que la defensa que pretenden construir se sostiene sobre alfileres, la razón, una serie de irregularidades detectadas tanto en el documento aprobado el pasado 19 de mayo y publicada el día 27 de ese mismo mes en el Periódico Oficial del Estado, como en el procedimiento legislativo de aquella sesión “electrónica”. 

Días atrás, tras recibir la notificación de las demandas de amparo, se dieron cuenta que el decreto aprobado no contiene todas las firmas de los diputados, de ahí que iniciaron con la recolección de las mismas.

Sin embargo, se toparon con pared. Entre los legisladores que no emitieron su rúbrica se encuentran los que pertenecen al G10, el grupo antagónico a Ramiro Vivanco y compañía, de ahí que el tema se convirtió en un nuevo jaloneo interno, mientras corre el plazo para dar contestación al Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Hablamos que el panorama no podía pintar mejor para los quejosos, ya que los pleitos internos y el desaseo en el procedimiento, marcan una ruta segura para obtener el amparo de la justicia federal y que se suspendan varios artículos de la nueva ley a la que consideran vulnera los derechos de los propietarios de instituciones privadas de educación.

Por si fuera poco, también pende de un hilo la legalidad de la sesión, ya que analizan proceder también en contra del procedimiento, toda vez que especialistas en derecho advierten que las llamadas “sesiones electrónicas” son ilegales al no estar consideradas en ninguna parte de la normatividad que rige el trabajo legislativo.

QUÉ PIDEN

Entre otras cosas, los amparos promovidos van contra el artículo 109 que establece que “los muebles e inmuebles destinados a la educación pública y particulares… forman parte del sistema educativo estatal y nacional”, al considerar que atenta contra la propiedad privada.

De igual forma, combaten el artículo 126, fracción XX que ordena a las escuelas particulares a transparentar al final de cada ciclo escolar un informe de actividades y rendición de cuentas.

CON EL AGUA AL CUELLO

En eso de sus desaciertos, la tan cacareada reforma electoral parece condenada al fracaso también, la semana pasada no llegaron a acuerdos para sacar adelante la sesión, y parece que en ésta tampoco habrá humo blanco.

El plazo para que se concreten los cambios vencen el 29 de agosto, pero ello significa que para esa fecha ya esté, incluso, promulgado el decreto por parte del Ejecutivo.

Hablamos que en tiempo récord el área jurídica de gobierno estatal deberá revisar lo enviado por los legisladores, y en caso de no tener ninguna observación se les dé luz verde, sin embargo, mucho de lo que plantean debe revisarse a fondo porque lo que está en juego es la estabilidad y certeza de la elección del 2021.

De ahí que al interior del propio legislativo, ya hay diputados que hablan de dejar las cosas como están y no arriesgarse a aprobar un documento al vapor, parchado y con deficiencias en el procedimiento.

Máxime, cuando en un nuevo acto de revancha y pleito interno, la semana pasada el G13, vía el diputado Mintión, exigió un informe a la presidenta de la comisión de Asuntos Electorales, Irma Garay, sobre su labor al frente de dicho órgano y lanzaran una velada amenaza para removerla de la curul y llamar a su suplente, en caso de que incumpla.

Aunque es un sueño guajiro, el mismo rasero debe aplicarse para el resto de comisiones y comités, ya que la gran mayoría solamente han sesionado una vez, cuando se instalaron, como en el caso del de Transparencia que encabeza el más vil de los levantadedos.