Por José Luis Ahuactzin 

La Contraloría del Poder Ejecutivo (CE) cesó del cargo de Jefa de Departamento de Construcción e Infraestructura del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física del Estado (ITIFE), Claudia Aldave Lobato, quien en el 2017 fue acusada por diversos constructores de incurrir en diversas irregularidades; por lo que acudió a la justicia federal. 

Tras su despido en noviembre del 2019 de ITIFE, la exfuncionaria promovió sendos juicios ante el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) para buscar su reinstalación, tras el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (PRA) iniciado en su contra, y que a la fecha se mantiene activo el litigio.  

Tras emitirse una sanción administrativa por la CE, la resolución contiene la suspensión de la quejosa de su empleo y pago de salarios hasta en tanto quede firme la sanción impuesta.   

Por ello, se radicó el expediente 1099/2019 en el que demandó el 25 de noviembre del 2019 ‘la orden de suspensión temporal de empleo’.  

Claudia Aldave Lobato en el 2017 fue señalada por constructores, por ejemplo, la constructora AJAT Arquitectura S de R.L de C.V. a la que en ese año denunció no haberle liberado 2 millones 311 mil 390.53 pesos que costó la edificación de una obra, porque supuestamente ‘no se han mochado con los funcionarios…’. 

Incluso, el medio digital Ahora Infórmate en agosto de 2017, dio cuenta sobre que ‘los involucrados en la red de corrupción, sería encabezados por la Jefa de Construcción Claudia Aldave Lobato, junto con su esposo quién labora en el ITIFE, además de Alejandro Vargas Domínguez funcionario estatal, de Luis Enrique Sánchez García quién es supervisor en la dependencia y Dorian Alejandro Barrios Sánchez quien representa al INIFE en la entidad operarían en contubernio para sangrar a las constructoras…’. 

No obstante, en el 2018 el Pleno del Congreso local reprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2017 al detectar un posible daño patrimonial por 70 millones 207 mil pesos. 

Además, en el 2019 también le reprobaron la cuenta pública del 2018, al detectar un daño patrimonial por 99 millones 093 mil 749.13 pesos, que equivalen al 22 % de los 450 millones 160 mil 380.05 pesos ejercidos, con 566 observaciones.