Por José Luis Ahuactzin 

Se trata de la abogada Félix Pozos Palafox, quien protestó en la sede del Congreso local para que diputados locales intervengan y se investiguen posibles casos de corrupción en los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Explicó que ha presentado tres quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los jueces y magistrados, debido a diversas conductas irregulares en el desempeño de la función pública desde sus cargos como impartidores de justicia.   

Detalló que pese a la existencia de Barras y Colegios de abogados en Tlaxcala, han optado por mantener silencio, sobre todo por la existencia de una serie de quejas contra el magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y del juez del Primer Distrito, Othón Manuel Ríos Flores e Ignacio Manuel Cal y Mayor García, ambos del PJF respectivamente.

Durante la manifestación, la abogada explicó que en el escrito signado y remitido a los diputados Mayra Vázquez Velázquez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, como al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los juzgadores sean removidos de la sede de Tlaxcala.

Durante la entrevista, Pozos Palafox, indicó que en ambos casos de los juzgadores señalados han creado un coto de poder en el que la nueva modalidad de tortura a los justiciables es la dilación en la resolución de sentencias; ya que acusó que hay expedientes que datan desde los años 2015 y 2016 que no han tenido una solución.

Es más, acusó a dicho juez y magistrado que por la tardanza den las resoluciones, hay personas de la tercera edad por ejemplo, que acudieron a dichos órganos de la justicia federal que han fallecido y sus expedientes aún no tienen sentencias o alguna solución.

Por ello, la abogada informó que en las visitas que realiza personal de CJF a los juzgados de Tlaxcala, acudan los justiciables a presentar las quejas por la dilación de sus expedientes; además de que una misiva dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será dirigida a su oficina para que intervenga en una solución desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el CJF.