13 de septiembre - 2016
Como si se tratara de la ley de la selva, concesionarios del transporte público local impidieron la circulación de ATAH y obligaron al pasaje a descender reclamando exclusividad del servicio. Quienes no cesan en su intención de cobrar facturas y hacer su santa voluntad son Baldemar y Lincoln. Y la procuradora cierra mal y de malas la administración
Por Edgardo Cabrera
Como si se tratara de la ley de la selva, ayer un grupo de concesionarios del transporte público local impidieron la circulación de camiones de ATAH que cubren la ruta Huamantla-Tlaxcala, y no sólo eso, los retuvieron argumentando ser los únicos y legítimos autorizados para circular por la vía Ocotlán-Santa Ana.
Durante varias horas los choferes de camionetas colectivas, encabezados por Luis Texis Hernández y Paulino Hernández Mendoza (líderes de la Udtet y Amotac, respectivamente) obligaron a los usuarios de ATAH a bajar de los camiones para subirlos a sus unidades.
Además del malestar causado a los viajeros, así como a cientos de automovilistas particulares (ya que desquiciaron la circulación a la altura de Soriana), lo que más llamó la atención es que nunca llegaron las autoridades de la SCT ni Policía Federal para poner orden, fue la anarquía total.
Tal parece que la flamante delegada, quien gusta de los reflectores, es incapaz de quitarse las zapatillas y bajar a ras de tierra para atender los conflictos entre transportistas, todo lo quiere resolver atrás de su escritorio.
Vale señalar que la jurisdicción de dicho tramo carretero le corresponde la federación, por lo que la disputa entre los concesionarios la tiene que resolver la SCT.
De seguir el conflicto, que no es nuevo, no dudamos que en un capítulo futuro estallen los ánimos, ya vimos que una y otra parte sostienen que les asiste el derecho para ofrecer sus servicios en esa zona.
Vacilada
Quienes no cesan en su intención de cobrar facturas y hacer su santa voluntad son los diputados Baldemar y Lincoln quienes mantienen en el fango el proceso de renovación de la CEDH.
Ambos legisladores convirtieron en pleito personal el tema, en su más reciente desliz Baldemar acusó al ombudsman Francisco Mixcoatl de incumplir con la presentación de su informe anual, sin embargo al diputado lo engañaron, o no investigó bien, resulta que desde el pasado 4 de agosto lo entregó.
Una copia del acuse recibo, que la misma CEDH boletinó ayer, comprueba que el documento fue entregado a la Secretaría Parlamentaria a las 18 horas de ese día, vale decir que por razones desconocidas en el Pleno no se ha dado lectura de su ingreso a la correspondencia del poder Legislativo.
Pero no sólo lo anterior, información que nos llegó ayer a la redacción da cuenta que el manifestante solitario que se plantó ayer frente al TSJE en huelga de hambre (en demanda de que el poder Judicial resuelva a la brevedad los recursos legales que mantienen en parálisis el proceso de renovación del organismo) es conocido del diputado Lincoln Rodríguez.
Al supuesto “activista” José Eliseo Hernández Sánchez, lo vinculan además con el grupo orticista quien lo habría apoyado para llegar al cargo de delegado de la primera sección del municipio de Xaltocan, por ahí del año 2011, donde se le recuerda por ser detenido por conducir una patrulla vestido de civil.
El asunto es que el legislador suplente de Serafín Ortiz aún no digiere que Mixcoatl no lo designara primer visitador del organismo, amén de que no le perdona el descalabro que sufrió en un litigio del cual en otra entrega daremos cuenta.
Por lo pronto, el verdadero asunto es que desde un inicio el procedimiento estuvo viciado tanto por los intereses de los propios diputados como por sus yerros jurídicos que hoy son dirimidos en el TSJE.
El caso, de querer ser resuelto por la vía política, tendría que dejar fuera a aquellos diputados que lo convirtieron en un pleito de vecindad empezando por Baldemar, siguiendo por Linconl y terminando por Roberto y Salvador.
Mal cierre
Al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, el gobernador Mariano González Zarur ofreció cambiar el modelo de gobierno que permite a malos funcionarios utilizar el poder que la ciudadanía les otorga temporalmente para fines distintos a procurar el bienestar de la comunidad y, a veces, perversamente, hasta para beneficio personal.
Pero, a unos meses de que culmine este sexenio, la procuradora Alicia Fragoso dio la nota al encabezar, junto con el subprocurador, Víctor Pérez, y una veintena de elementos de la corporación, un operativo especial para atender un robo en “La Botica”, un bar situado atrás de Palacio Legislativo, cuyo dueño es, ni más ni menos, que esposo de la secretaria particular de la funcionaria estatal, quien a su vez es hijo de la delegada de la Cruz Roja en Tlaxcala.
Los excesos evidenciados en este despliegue de fuerza son la clase de cosas que lastiman a la gente y a las instituciones, porque generan malestar ciudadano, no hacia un servidor público en particular, sino hacia una administración entera.
Es lamentable que una servidora pública vaya en sentido contrario a los designios de su jefe, y que casi 6 años no haya sido tiempo suficiente para entenderlo.
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