Tlaxcala| Gerardo Orta.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se deslindó de la denuncia emitida por jubilados y pensionados en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), debido a que se ponía en riesgo la “autoridad moral” del organismo local.

De acuerdo a Francisco Mixcoatl Antonio, las personas que denunciaron exceso de la fuerza pública durante una manifestación en la JLCA en el año 2014, manifestaron desconfianza en la actuación de la comisión a nivel estatal.

Por ello, la misma CEDH declinó en llevar el proceso de queja, por lo que los inconformes acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que hace unos días emitió una recomendación dirigida al gobierno del estado y a la misma JLCA.

El comisionado dijo que la ley prevé que cuando la comisión carezca de confianza por parte de los quejosos, “se pone en riesgo un principio básico, y cuando se pone en riesgo la autoridad moral de la comisión, nosotros tenemos que declinar al asunto y en este caso turnó a la comisión nacional».

Integrarán nuevo diagnóstico para medir incidencia de bullying

Por otro lado, la misma CEDH realizará un diagnóstico para verificar el avance en el cumplimiento de la Ley para prevenir y combatir la violencia escolar

Al respecto, Francisco Mixcoatl Antonio detalló que en lo que va del año se han recibido cuatro quejas de diversas instituciones por el fenómeno de acoso escolar, y que han sido atendidas de manera oportuna.

Precisó que las quejas han sido conciliadas a fin de evitar procesos largos que difícilmente puedan reparar el daño a los afectados, además de que no fueron casos que pusieran en riesgo la integridad física o moral del menor.

Francisco Mixcoatl apuntó que la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil realizará un nuevo balance sobre la problemática de acoso escolar en Tlaxcala, para saber qué incidencia existe ya con una ley que busca prevenir y evitar ese fenómeno.

En su momento, la CEDH emitió la recomendación debido al incremento de niñas y niños que son violentados en sus derechos humanos con el uso intencional de fuerza física o moral.

El ombudsman local recordó que la recomendación general fue la 01/2015 relativa al interés superior de la niñez, la cual fue aceptada únicamente por 29 municipios, en tanto que los 31 restantes han sido omisos en responder la recomendación.