El informe de la PGR
13 de octubre - 2015

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Senadora Adriana Dávila Fernández

La semana pasada fue la última comparecencia de servidores públicos en el Senado, en el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo.

Fue el turno de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, de quien escuchamos la situación que guarda la procuración de justicia en el país.

Habló de la necesidad de fortalecer la credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, por lo que su plan de trabajo está basado en cuatro ejes fundamentales: procuración de justicia eficaz, que se fortalezcan las capacidades de investigación y se mejore la atención a víctimas, mediante una estrategia integral, coordinada entre los órdenes de gobierno con competencias y responsabilidades claras y que trasciendan las visiones locales; el respeto y protección a los derechos humanos, con acciones efectivas que den confianza a la sociedad en su conjunto sobre el trabajo realizado y con apertura y disposición para adoptar aquellas recomendaciones que alinean la actuación de México con estándares internacionales en materia de derechos humanos; la implementación del nuevo Sistema de Justicia, transformación jurídica que permitirá el acceso a la justicia, de manera más directa, pronta y expedita, por medio de audiencias públicas con garantía de protección a las víctimas y respeto a la dignidad de los procesados.

La PGR ha emitido acuerdos, protocolos y lineamientos que prevean las diversas instancias involucradas en el proceso, y por último, está la transparencia y rendición de cuentas, que en palabras de la procuradora “desde mi paso por el Senado… he abanderado y considero que son un sello que debe marcar la gestión y el actuar de todos los servidores públicos de la institución.

No basta hablar de transparencia, hay que ser transparentes, por eso, se creó la Unidad de Apertura Gubernamental para atender las exigencias de la sociedad, y que a través del Sistema de Consulta de Detenidos en internet se pueden buscar si familiares o conocidos se encuentran a disposición o responsabilidad del Ministerio Público Federal.

Un tema que no se podía evitar fue el relativo a “la evasión ocurrida en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano”, sobre el cual admitió que se trataba de un hecho que indignaba a todos los mexicanos, y “que ha debilitado la confianza en las instituciones penitenciarias y de seguridad en el país”.

La funcionaria federal dijo que “la PGR ha trabajado desde el primer momento en dos acciones paralelas: el esclarecimiento de los hechos, a fin de establecer las responsabilidades de quienes al interior y exterior del penal participaron en la evasión, así como en la recopilación de todos los elementos de información que conduzcan a la recaptura del delincuente”.

El otro asunto que también mantiene indignados y lastimados a los mexicanos es lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula, porque la actuación de la PGR no ha sido seria; porque no reflejó una investigación rigurosa ni transparente; porque no se ha dado ni certidumbre, ni confianza a las familias de los desaparecidos. Tuvo que llegar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para incorporar observaciones y elementos que no se tomaron en cuenta desde el inicio de las investigaciones.

Cuando menos ahora se tiene el compromiso de la procuradora de que “Iguala, no es caso cerrado, las investigaciones continúan”, además de que firmó un acuerdo para crear la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Nos informó que el expediente del caso Ayotzinapa se remitirá a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, en la que se integrará un grupo de trabajo para atender la segunda fase de esta averiguación.

Entre datos de detenidos, extraditados, incautación de bienes y de grandes cantidades de droga y demás, hay que destacar que nuestro país no sólo vive una crisis en materia de derechos humanos, sino que padece de falta de credibilidad en la clase política y en las instituciones, en especial las que procuran e imparten justicia a nivel federal y local.

Es cuestionable la eficacia de los métodos de investigación científicos y la homologación de protocolos para indagar diversos delitos. La constante violación a los derechos humanos en México, las deficiencias y alteraciones en los hechos investigados, cada vez más ponen en duda la labor profesional de las áreas de inteligencia y la información generada. Las y los ciudadanos ya no creen en la certeza de las investigaciones.

A la procuradora, le dimos un voto de confianza para asumir la titularidad de esta dependencia, reconocemos el trabajo realizado, que es insuficiente aún.

Es urgente que se trabaje con rigor, objetividad, seriedad, eficacia, eficiencia y transparencia en todas las investigaciones pendientes.

Ya no basta con conocer las “verdades históricas” que son las verdades oficiales. Es imprescindible fincar responsabilidades, por acción u omisión de altos funcionarios públicos involucrados. Hay que acabar con la impunidad y corrupción que ronda las esferas de poder en México.

Acción Nacional siempre se ha pronunciado por el respeto a las leyes e instituciones, porque se fortalezcan en el ánimo de dar mayor garantía a los derechos humanos de los mexicanos, por eso requerimos de reformas en materia de procuración e impartición de justicia que aumenten la confianza ciudadana. Y hay que velar porque se tutele el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación integral.

RECUENTOS

LOS NOMBRAMIENTOS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En unas semanas, en el Senado de la República se someterán a votación las ternas de candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.   Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional será fundamental evaluar los perfiles, las trayectorias profesionales y el conocimiento jurídico.

Pondremos énfasis en la defensa de los derechos humanos, buscaremos fortalecer la institución y evitar la partidización de los nombramientos¸ es necesario garantizar la autonomía del Poder Judicial, que no esté subordinado a la voluntad del Poder Ejecutivo o a los pactos entre los institutos políticos.

RECUENTOS DE UN PREMIO NOBEL

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, señaló la conveniencia de las reformas estructurales aprobadas por el Poder Legislativo, toda vez que van contra los monopolios públicos y privados. Sólo criticó la reforma económica porque no impulsa el crecimiento ni la productividad, además inhibe el consumo. El PAN nunca apoyó esta iniciativa.