Tlaxcala| Redacción.- Ante la discriminación que enfrentan las personas con alguna discapacidad en el ámbito social, laboral e incluso en materia de justicia civil o penal, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros se pronunció por fortalecer a las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos de este sector de la población.

La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables señaló que pese a que en 2011 fue publicada la nueva Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación e inclusión plena a la sociedad, en la actualidad las políticas públicas son insuficientes, precarias y en algunos casos inoperantes.

“Por todo ello, es que necesitamos ser más decididos en nuestras acciones para ayudar en la solución de esta problemática. Es necesario dotar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de las herramientas jurídicas necesarias para que hagan posible el debido cumplimiento de las disposiciones jurídicas contenidas no sólo en la Ley de referencia, sino de todas las normas contenidas en otras leyes relativas a los discapacitados”.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República reprobó que no existan los elementos jurídicos suficientes para vigilar la ejecución de la Ley, lo que ocasiona –dijo- que en algunas dependencias públicas la atención sea deficiente por la falta de protocolos especiales que agilicen o privilegien el servicio que se presta a las personas discapacitadas.

“Con todo ello, además de ocasionar injusticias y sufrimiento a las personas con discapacidad, de cierta manera se les niega el acceso a los sistemas jurisdiccionales que defienden sus derechos. Por eso, debemos cambiar y desarrollar una conciencia individual y colectiva que defina principalmente el papel de la sociedad con relación a la realidad de las personas con discapacidad; tenemos que lograr ser incluyentes con nuestras actitudes y con la elaboración de normas de accesibilidad para ellas”.

De esta forma, la legisladora por Tlaxcala sostuvo que es necesario que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tenga entre sus atribuciones el poder coadyuvar con las autoridades competentes, en la aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento o transgresión de normas o comisión de infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad.

“Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en México existen 10 millones de personas con alguna discapacidad, por ello es prioritario que el gobierno ofrezca una institución lo suficientemente fuerte, que dé respuesta a las necesidades jurídicas de los personas con discapacidad, que aumente y fortalezca las atribuciones que el Estado tiene en esta materia para que, a través de una sola instancia, puedan atenderse los problemas que enfrenta el sector sin importar la naturaleza de los mismos”, concluyó.