Tlaxcala| Manuel Morales.- El Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Tlaxcala, resolvió que la Coordinación de Radio Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), deberá pagar un millón 325 mil 518 pesos a una empleada que fue despedida de forma injustificada, e incluso, formaba parte del sindicato 7 de Mayo.

De acuerdo con la autoridad, la empleada demandó y comprobó mediante documentales que fue injustificado su despido desde el año 2005 –durante el sexenio de Héctor Ortiz- y tras casi 7 años de litigio, se resolvió que «la Justicia de la Unión ampara y protege a la demandante… consistente en el laudo dictado el 19 de septiembre del 2013, en el expediente laboral 315/2005”.

De inicio, el laudo fue dictado el pasado 19 de noviembre de 2013 y determinó emitir una orden a Coracyt para el pago del laudo laboral que no alcanzaba aún el millón de pesos, sin embargo, al continuar el litigio este creció exponencialmente en un año por los sueldos y prestaciones caídos.

En la sentencia, con 173 fojas útiles, explica que Coracyt no acreditó el despido justificado en acciones documentales y defensas, por lo que fue condena a «indemnizar con el importe de 90 días de salario, resultando 34 mil 740 pesos; el pago de salarios caídos o vencidos arrojando la suma 1 millón 181 mil 160 pesos, más los que se sigan generando hasta la cumplimentación del laudo…», dice el texto.

Además de este pago, deberá pagar prestaciones contractuales generadas por el despido injustificado por alrededor de 144 mil pesos, entre ellos, pasajes, prima vacacional, pago de la prima de antigüedad, pago de bono de productividad, pago de horas extras o jornada extraordinaria, pago de la diferencia de salario y pago de canasta básica, entre otros.

Además de esta condena, el considerado séptimo del acuerdo de laudo dictado, señala que «una vez que este laudo cause ejecutoria, en términos de lo establecido por el artículo 153 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le concede el término de setenta y dos horas al demandado para el pago y cumplimiento de las prestaciones a que fue condenado».

El pasado 3 de febrero de este año, mediante acuerdo en el tribunal Colegiado señala que «ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías».