Cae uno por Plaza Bicentenario; dictan auto de formal prisión
13 de enero - 2015

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Tlaxcala| Manuel Morales.- Se trata del poblano Felipe Castelán Marini, a quien le fue decretado el auto de formal prisión por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con cabecera en Tlaxcala, por su participación en el proceso de licitación y ejecución de la construcción de forma irregular en la Plaza Bicentenario durante el sexenio de Héctor Ortiz.

De acuerdo con la información vertida por las instancias legales, el empresario poblano ligado a Jesús Luévano Escalona, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el sexenio pasado, y también con denuncia penal por la misma obra, a Castelán Marini le fue sentenciado desde el pasado mes de noviembre del 2014.

Sin embargo, al promover un amparo federal el juez le concedió el 30 de diciembre la suspensión provisional y su litigio permanece activo.

Además de Castelán Marino, existen al menos 11 funcionarios más que tienen un proceso penal por la Plaza Bicentenario: Jesús Gingeni Luévano Rosas, constructor poblano; Juan Mejía Bonilla, Guillermo Manuel de Jesús Canales Fernández, Jorge Sánchez Nava, Erick Rodríguez Varela, Carlos Villar Bursiaga, Leonel Lima Loaiza, Felipe Cuapio Zompa y Baldomero Ruiz García.

De éstos, Jesús Luévano Escalona y Leonel Lima Loaiza, también litigan sus denuncias penales al mantener órdenes de búsqueda y aprehensión.

Una vez que se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJE), el Ministerio Público documentó mediante los contratos PF/FR383/2009, CM/PFFR383-9, PF/FR384/09, A-PF/FR/384/09, DURS/2010, PF/FR015/10, A-PFFR/015/10 y PF/FR/016/10, así como los expedientes de las licitaciones públicas 58004002-004-10 y 58004002-005-10 para integrar la Averiguación Previa y consignarlos ante el Juzgado correspondiente.

Tras las auditorias practicadas, no solo al edificio para conocer la calidad del material y su estructura, sino en materia financiera, se detectó que no se ejecutó una obra pagada con un importe de 118 millones 320 mil 840 pesos; que las firmas con presunta responsabilidad en este caso son Empresarios Unidos de la Construcción por la cantidad de 32 millones 230 mil 531 pesos, Aljuco Edificación y Diseño por 42 millones 532 mil 488 pesos y Teletec de México por la cifra de 43 millones 547 mil 820 pesos.