Con  un abrazo solidario para el Dr. Mario Luis Fuentes

Senadora Adriana Dávila Fernández

Hace unos días en una entrevista con distintos periodistas, el presidente Enrique Peña realizó dos aseveraciones que me parece oportuno comentar.

La primera es que para el titular del Poder ejecutivo, el paquete de reformas legislativas está concluido.  Nada más alejado de la realidad.

Quedan muchos pendientes que en su momento tendremos que resolver los legisladores, los cuales están directamente vinculados con temas sensibles para la población, entre los que se encuentran; el combate a la corrupción, la protección de los derechos humanos, la atención oportuna a las víctimas, así como la revisión a la reforma fiscal para impulsar la productividad y competitividad nacional, generar empleos y elevar la calidad de vida de los mexicanos.

La segunda aseveración es que el presidente de México está convencido que el problema de corrupción en el país, es cultural.  Este manera de pensar es una forma de justificar la derrota en una batalla que no se ha dado de manera honesta y frontal, basta como ejemplos recientes los casos Gómez Urrutia, Caro Quintero, Rubén Moreira, por mencionar algunos. Y es probable que no se concreten acciones definidas en esta materia en los dos tercios faltantes de la actual administración.

Ante estas aseveraciones, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, consideramos que el momento para recuperar la confianza social en las instituciones públicas, sólo se dará con el pleno establecimiento del estado de derecho.

Trabajaremos para tener mecanismos efectivos que sancionen y erradiquen la corrupción, como  será la propuesta de creación del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.

Además, pediremos que previa investigación y a petición de  la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos,  comparezcan  ante el Senado los Gobernadores de las entidades federativas, cuando se trate de explicar las medidas  adoptadas para prevenir, atender, sancionar y reparar las violaciones graves a los derechos humanos.

Impulsaremos que en aras de ese principio de legalidad que debe prevalecer en el actuar de las autoridades, quede establecido que la autoridad militar, previa autorización del Presidente de la República auxilie a la población en casos de emergencia y zonas de desastre.

Buscaremos establecer como un derecho humano, el acceso de toda persona a una vivienda digna y decorosa, sin restricciones.  Es importante recordar que hoy en día este derecho lo tiene “toda familia”, lo cual podría dejar en el desamparo a aquellos que carecen de esta.

Con respecto a las víctimas del delito, presentaremos una iniciativa para que las instituciones de asistencia pública y asociaciones civiles que presten servicios de atención y protección a las víctimas del delito, cuenten con mecanismos de acreditación y supervisión para el acceso a los apoyos que otorga la administración pública federal.  Son requisitos y controles mínimos   en aras de la transparencia y combate a la corrupción.

De igual forma, se propondrá especificar los recursos presupuestales que nutrirán al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las víctimas del delito, con el objeto de hacer eficaz su tarea.

Por último y para dar certeza jurídica a los mexicanos, se buscará que la Comisión Contra la Trata de Personas, sea una comisión permanente en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.  Sin duda alguna, éste será un paso importante para combatir con eficiencia este terrible delito, el segundo ilícito más lucrativo del país, por la necesaria supervisión constante que al respecto deben mantener los 3 Poderes de la Unión.

Falta mucho camino por recorrer. Y los Senadores de Acción Nacional con responsabilidad y tolerancia, buscaremos construir acuerdos que beneficien a México.

RECUENTOS NACIONALES

Los delitos que más lastiman a la sociedad son el robo, el secuestro y la extorsión. Van en aumento los índices de inseguridad a nivel nacional.   Es necesario trabajar en el sistema de justicia porque no es posible aceptar niveles de impunidad superiores al 90%.

La justicia mexicana optó por exonerar al líder minero Napoleón Gómez Urrutia del desvío de 55 millones de dólares que pertenecían a los mineros de Cananea, Sonora.  Lamentable porque de nueva cuenta, se abusa de los mineros.  Mala noticia en estos momentos de daños ecológicos que ponen en peligro la vida de los sonorenses.