Insiste IET en demandar recursos extraordinarios para pagar laudo de 2.3 mdp
4 de junio - 2014

Tlaxcala| Gerardo Orta.- El Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), insistirá en acceder a una ampliación presupuestal para el pago de un laudo laboral que ordenó la justicia federal y que supera los dos millones de pesos.

Según señaló la presidenta del órgano electoral local, Eunice Orta Guillén, el Congreso del Estado debe revalorar la posibilidad de conceder la ampliación presupuestal en conjunto con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno, para evitar afectaciones a la economía del instituto.

La semana pasada el Secretario de Planeación notificó al Congreso del Estado sobre la imposibilidad de liberar recursos extraordinarios para el órgano electoral local a fin de cubrir el pago de un laudo laboral.

En los argumentos, la dependencia estatal notificó que los recursos públicos del Gobierno del Estado ya se encuentran etiquetados en diversos rubros y programas, por lo que modificar las partidas presupuestales provocaría desajustes financieros.

“Estamos analizando la parte que nos corresponde, sin embargo, vamos a buscar acercamiento con el Congreso ya que están vinculados con el requerimiento de pago que hace la autoridad jurisdiccional, independientemente de eso vamos a ver qué haremos para cumplir”, dijo.

Y es que Eunice Orta recordó que la justicia federal hizo responsable tanto al Instituto Electoral como al Congreso del Estado de realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del pago del laudo laboral, por lo que no se puede rehuir a este tipo de responsabilidades.

Cuestionada sobre la posibilidad de que el IET solicite un préstamo con instituciones bancarias, dijo que no se tiene contemplada dicha medida, pues esto agravaría la situación económica del organismo, aunque los integrantes del Congreso general deberán buscar soluciones para dar cumplimiento a la sentencia.

Cabe señalar que el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) tiene hasta el próximo 10 de junio para pagar un laudo laboral que no ha liquidado en los últimos años, el cual alcanza los 2.3 millones de pesos, pero no cuenta con los recursos económicos necesarios para cumplir con ese compromiso judicial.