Por Esteban García.

El Gobernador Marco Mena llegará con buenas cuentas a su I Informe de Gobierno.

Su primer año de gestión no fue sencillo. Enfrentó circunstancias que pusieron a prueba las capacidades de su administración, pero, al final, consiguió hacerles frente y demostrar que hay autoridad y decisión, pero también, resultados enmarcados en su triángulo de prioridades.

En Educación, consiguió el marco legislativo para crear el Instituto de Profesionalización del Magisterio, mismo que ofreció en campaña y comprometió en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, que será pieza clave en el proceso de revalorización de la función de los maestros en la entidad.

En Salud, se puso en marcha el Centro Regulador de Urgencias Médicas para la coordinación efectiva de la atención pre-hospitalaria, y el traslado y proceso de recepción de pacientes que han sufrido accidentes, el cual ya ha demostrado su efectividad, y se complementa con una campaña denominada “Bájale dos rayitas”, que busca concientizar a los conductores sobre los riesgos de manejar distraídos o en estado inconveniente.

Y en Empleo, se alcanzó en octubre la cifra inédita de 98 mil 260 trabajadores con seguridad social, como resultado de un crecimiento ininterrumpido en lo que va del año, que nos pone entre los 10 estados con mejor avance en este rubro, y con 4 puntos porcentuales arriba del promedio de crecimiento nacional, que es de 4.4 por ciento.

Mención aparte merece la presentación del proyecto de ampliación y modernización del estadio Tlahuicole, al que se inyectarán 180 millones de pesos a partir del próximo año.

Se espera que, en su mensaje a los tlaxcaltecas, que será la próxima semana, el Gobernador haga importantes anuncios en materia de educación, salud, infraestructura y seguridad.

Golpeteo político

Legisladores federales y dirigentes de partidos en la entidad no desaprovecharon la oportunidad de utilizar los resultados de la fiscalización 2016 que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismos que arrojaron observaciones en la aplicación de recursos federales durante el último año de la pasada administración.

El blanco de los señalamientos fue el anterior titular del Ejecutivo, cuando en realidad la aplicación de recursos es responsabilidad de servidores públicos y áreas específicas.  Algunos dieron por hecho desfalcos, pese a que el órgano fiscalizador no los calificó así.

Las autoridades estatales ya manifestaron que los dictámenes de la ASF se revisan para proceder conforme lo marcan los procedimientos; es decir, hará lo que le toca hacer: presentar la documentación comprobatoria en su poder, y será al órgano federal el que deberá emitir las consideraciones o sanciones a que haya lugar.

La actitud de la diputada federal Minerva Hernández Ramos y la senadora Lorena Cuéllar Cisneros raya en el cinismo y hasta la venganza. La primera fue secretaria de Finanzas del gobierno estatal y sabe que hay periodos para justificar las situaciones anómalas que detectan los auditores, y la segunda fue Presidenta Municipal, y debería recordar a quienes corresponde determinar si hubo o no comisión de delitos.

Evidentemente, el golpeteo político está a lo que da.

El complaciente

Y hablando de quienes buscan el reflector mediático fácil, el diputado Alberto Amaro Corona pretende un presupuesto “participativo” a costa de la estabilidad financiera de Tlaxcala.

En su afán de echarse a la bolsa a organismos autónomos y municipios, como parte de su estrategia de promoción política, de cara a las elecciones federales, les hizo sentir en diversas reuniones que sus pedimetos presupuestales serán atendidos, sin valorar primero el escenario económico, ni mucho menos sus resultados.

Para 2018, hay una expectativa de crecimiento de entre 2 y 3 por ciento en el país, y la situación

macroeconómica de mediano plazo no es prometedora debido a la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, un crecimiento económico de Estados Unidos menor al previsto, condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables y precios internacionales del petróleo deprimidos.

Ojalá en el Congreso haya prudencia y, a partir de pronósticos conservadores, aprueben un paquete económico que garantice la cobertura de los programas sociales, la creación de obras y la atención de las necesidades de educación y salud, en vez de hacer de este un ejercicio de complacencias.

Será preciso que haya más recursos para la promoción de la inversión pública y del turismo, y la modernización de la administración tributaria, que sería fundamental para fomentar la economía e incrementar la recaudación.