Tlaxcala| José Luis Ahuactzin.- En lo que podría constituir una violación a las leyes de información local y federal, diputados locales ocultaron la nómina de trabajadores y la clasificaron como confidencial para no revelar el gasto público en ese rubro.

Tras presentar Gentetlx una solicitud de información al Congreso local para que abriera al escrutinio público el gasto por concepto de nómina en la que se incluyeran las dietas de los 32 legisladores, dicha Soberanía negó los datos en términos de revelar nombre del trabajador, clave, puesto o área de asignación, sueldo mensual y prestaciones laborales proporcionadas.

En su respuesta de fecha 25 de agosto, tras justificar la opacidad mediante el acuerdo de confidencialidad aprobado el 9 de mayo del 2014, explican su negativa ya que el nombre de los empleados, su clave, puesto, sueldo y prestaciones son datos personales y atentan contra el patrimonio.

Sin embargo, por ser una percepción asignada con recurso público, proveniente de los impuestos ciudadanos, la información debería ser proporcionada en cumplimiento al principio de máxima publicidad.

Incluso, en la Ley General de Información Pública, recientemente reformada, detalla que es confidencial la información solamente la relativa al secreto bancario, información fiduciaria, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal.

También aplica para personas sujetas a derecho internacional o a sujetos obligados cuando no manejen recursos públicos, refiere el artículo 116 del capítulo tercero.

No obstante a que la reforma reciente al marco federal fue en abril de este mismo año, el Secretario Parlamentario, Héctor Martínez y la presidenta del Comité de Información del Congreso, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, justifican la negativa con un acuerdo que data del año pasado.

Es más, le Ley local en la materia refiere que por cada solicitud de información el Comité debe aprobar un acta de sesión vigente al respecto, lo que para los legisladores sigue la del 2014.

Es decir, que su justificación ha quedado en rezago y por tanto violentan el derecho de acceso a la información actualmente considerada como una garantía Constitucional.

Respecto de la armonización de la Ley local con la federal, tienen el plazo de un año para realizar la reforma y de la cual lleva 5 meses.

No obstante a la negativa, sólo proporcionó una versión pública en la que se refleja una serie de cifras sin que sea entendible.

Es de mencionar que recientemente la Secretaría de Educación Pública en el plano federal dio ejemplo de transparencia al hacer pública las percepciones de todos los docentes del país, información que se puede consultar en su página de internet donde aparecen nombres, categorías, sueldos, lugar de adscripción, en fin.