La revocación de mandato y la memoria incómoda del Congreso
20 de noviembre - 2026


Colaboración Invitada

La observación que hizo Ana Lilia Rivera Rivera sobre el tema de la revocación de mandato en Tlaxcala, va más allá de la celebración de la presentación de la iniciativa.

La coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala puso en el ojo del huracán la contradicción del Poder Legislativo, en el sentido de que tuvieron que pasar más de cinco años y ser necesaria la intervención de la justicia federal para que las y los diputados atendieran una obligación constitucional.

El decreto federal que estableció las bases de la revocación de mandato fue publicado el 20 de diciembre de 2019. Es decir, los congresos estatales tuvieron un plazo de 18 meses para armonizar sus respectivas legislaciones. En Tlaxcala, ese plazo venció en junio de 2021.

Concluyó la LXIV Legislatura y buena parte de la actual sin que se cumpliera con esa disposición. Fue hasta que una ciudadana recurrió a la justicia federal y obtuvo la resolución favorable, mediante el amparo 138/2026-O, que el Congreso quedó obligado a atender la omisión legislativa.

El 17 de noviembre, el diputado David Martínez del Razo presentó una iniciativa para incorporar la revocación de mandato a la Constitución local. La propuesta fue turnada a comisiones y contempla que el mecanismo tenga aplicación a partir del periodo gubernamental que comenzará en 2027.

Es decir, estamos frente a una iniciativa que busca corregir una omisión de más de cinco años, no ante una reforma que pueda presumirse como resultado de una actuación oportuna del Poder Legislativo.

Las y los legisladores que hoy buscan sacar adelante esta reforma no pueden desentenderse de la historia reciente del Congreso. Algunos de ellos forman parte de la continuidad entre las legislaturas que dejaron pasar el plazo constitucional. Otros llegaron posteriormente, pero ahora tienen la responsabilidad de explicar por qué el cumplimiento de una disposición de esta naturaleza tuvo que esperar tanto tiempo.

Más aún cuando algunos representantes populares obtuvieron la oportunidad de permanecer otros tres años en el cargo mediante la reelección.

Hay que decir que la reelección es un derecho político y una figura constitucional. Sin embargo, también implica una responsabilidad frente a los ciudadanos. La continuidad en el cargo no debería significar la renovación automática de la confianza, sino la posibilidad de evaluar el desempeño y exigir cuentas sobre los resultados.

Por eso, la crítica de Ana Lilia Rivera tiene una dimensión política: no cuestionó que exista voluntad para legislar, sino que esa voluntad haya llegado después de una omisión prolongada y, sobre todo, que no surgiera de una decisión espontánea del propio Congreso.

Su expresión fue clara: «Qué malo que no sea voluntario, sino que los hayan obligado».

¿Cuántas otras obligaciones legislativas tendrán que llegar a los tribunales para que sean atendidas?

La revocación de mandato no es un asunto menor. Es un mecanismo que busca ampliar la capacidad de decisión de la ciudadanía. Si el pueblo tiene el derecho de elegir a sus gobernantes, también debe contar con instrumentos legales para evaluar su permanencia cuando pierdan su confianza.

En ese sentido, es contradictorio que quienes tienen la responsabilidad de construir las herramientas de participación ciudadana hayan dejado transcurrir años sin cumplir con una obligación que precisamente busca ampliar el poder de las y los ciudadanos.

La iniciativa presentada por Martínez del Razo tendrá que cumplir con los requisitos y disposiciones legales.

Sin embargo, hay algo que esta reforma no puede corregir y es el tiempo que el Congreso dejó pasar.

Esa es la parte políticamente más delicada del señalamiento de Ana Lilia Rivera. Y lo es porque cuando una figura de participación ciudadana se convierte en realidad por mandato judicial, después de años de incumplimiento, la discusión alcanza, como es hoy, a quienes tuvieron la oportunidad de legislar y no lo hicieron.

Para quienes aspiran a permanecer otros tres años en el Poder Legislativo, la omisión constituye un antecedente grave que de ninguna manera pasa desapercibido.

La representación popular exige resultados, memoria y responsabilidad.

La revocación de mandato tiene precisamente el propósito de recordarles a quienes ejercen el poder, que este no es permanente, sino un mandato ciudadano sujeto a evaluación.

El Congreso del Estado Tlaxcala no puede, para su desgracia, borrar los años de retraso ni pretender que el cumplimiento tardío equivale a una actuación oportuna.

Deben responder por aquello que no aprobaron cuando tenían la obligación de hacerlo.