Por Ana Lilia Rivera Rivera

Dentro de un presupuesto público se expresan las prioridades de un país. En él se refleja a quién se destinan los recursos, qué problemas se busca atender y qué lugar ocupan las necesidades de la población en las decisiones del Estado. Por ello, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por parte de la Cámara de Diputados, es una decisión de trascendencia. Y lo es porque mantiene en el centro el bienestar de las familias y la responsabilidad del gobierno de garantizar derechos que ya están establecidos en la Constitución.

La Cámara de Diputados aprobó más de un billón de pesos para los programas prioritarios del Gobierno de México, lo que representa la continuidad de una política pública que reconoce que las condiciones de vida de las personas deben mejorar y que el Estado tiene la obligación de contribuir a ello, particularmente cuando existen desigualdades que durante décadas limitaron las oportunidades de millones de mexicanos.

Los programas sociales no son dádivas ni concesiones de ningún gobierno. Son derechos que deben garantizarse. Por ejemplo, las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos para personas con discapacidad representan recursos que llegan directamente a los hogares y ayudan a enfrentar necesidades que no pueden resolverse únicamente con el ingreso familiar.

En Tlaxcala, miles de personas reciben algún Programa para el Bienestar. Por ello, mantener y fortalecer estos programas tiene una repercusión directa en la economía de los hogares y en las condiciones de vida de nuestras comunidades.

Otro aspecto relevante del presupuesto aprobado es la reasignación de seis mil millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) hacia otros rubros de atención pública. Esta decisión permitió ampliar recursos para educación, medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas, atención integral a las mujeres y otros servicios.

En nuestro estado, estos recursos deben traducirse en mejores condiciones para las escuelas, atención a la primera infancia, protección de nuestro entorno natural y servicios para las mujeres que requieren acompañamiento y atención integral. También deben fortalecer las instituciones responsables de buscar a quienes han desaparecido y de acompañar a sus familias.

La educación merece una atención especial. Invertir en las escuelas no significa únicamente mejorar edificios o instalaciones, sino generar condiciones para que niñas, niños y jóvenes puedan aprender, permanecer en las aulas y desarrollar sus capacidades. También es indispensable que el crecimiento del presupuesto destinado a las mujeres se refleje en servicios, protección y oportunidades.

Por eso resulta difícil justificar que, frente a decisiones orientadas a fortalecer el bienestar de las personas, diversas bancadas parlamentarias hayan privilegiado la confrontación partidista sobre la discusión de los beneficios para la población. La discusión presupuestal debe tener como punto de partida el interés público. No defender cifras por consigna ni respaldar decisiones sin examinarlas, sino reconocer que un Estado tiene la obligación de garantizar derechos, distribuir oportunidades y atender a quienes más necesitan la acción pública.

El presupuesto es una de las expresiones más claras del proyecto de nación que se construye. Si los recursos se destinan a fortalecer la educación, ampliar los programas sociales, proteger el medio ambiente y atender a las personas en situación de vulnerabilidad, entonces se está avanzando en una concepción de desarrollo que no deja el bienestar exclusivamente a las posibilidades económicas de cada familia.

Respaldar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 es respaldar esa prioridad: que el dinero público esté al servicio del pueblo y que el bienestar de las familias sea el criterio fundamental de las decisiones del Estado.