Detectan préstamos ‘gota a gota’ en 12 municipios de Tlaxcala; alertan por extorsiones
17 de noviembre - 2026

Documentan operación de financiamiento ilegal en municipios de Tlaxcala.

Por Stephany Rodríguez

El esquema de préstamos conocido como “gota a gota”, relacionado con prácticas de extorsión mediante intereses elevados, amenazas y cobros violentos, ha sido identificado en 12 municipios de Tlaxcala, de acuerdo con una investigación realizada por Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los resultados del estudio fueron difundidos por el portal Animal Político y forman parte de un mapeo hemerográfico sobre la presencia de este modelo de financiamiento informal en México.

De acuerdo con la investigación, los municipios tlaxcaltecas donde se han documentado reportes relacionados con esta modalidad son Tlaxcala, Apizaco, Tenancingo, Nativitas, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Panotla, Zacatelco, Teolocholco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tzompantepec y Chiautempan.

El análisis ubica a Tlaxcala entre las entidades con mayor número de municipios con reportes de esta actividad, con una cifra similar a la de Puebla, que también registra 12 demarcaciones, mientras que Hidalgo contabiliza siete y Querétaro cinco.

Origen y operación de los préstamos

Según el análisis de Sánchez Valdés, el modelo surgió durante la década de 1990 en Medellín, Colombia, y se atribuye su creación a la organización criminal conocida como La Oficina del Envigado.

Su llegada a México se ubica en 2012, cuando migrantes colombianos comenzaron a reproducir este esquema. Posteriormente, debido a su rentabilidad, fue adoptado por organizaciones delictivas nacionales.

La investigación señala que, además de las células de origen sudamericano, grupos como el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y La Unión Tepito han participado en esta actividad, ya sea de manera independiente o mediante alianzas.

El mecanismo consiste en ofrecer préstamos inmediatos, sin aval ni garantías, a través de volantes, redes sociales o puntos de atención itinerantes. Entre los principales sectores afectados se encuentran comerciantes de mercados y mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica.

Los pagos suelen establecerse de manera diaria y contemplan intereses y penalizaciones que pueden incrementar considerablemente el monto de la deuda. Cuando las personas no cumplen con los pagos, los cobradores recurren a amenazas, intimidaciones, exhibición en redes sociales y daños a propiedades.

En los casos documentados, las agresiones también pueden escalar a golpes, privaciones ilegales de la libertad y homicidios. Asimismo, el estudio refiere que en algunas regiones se han identificado variantes del esquema mediante supuestas rifas en mercados, utilizadas para exigir cuotas periódicas a los comerciantes.

Presencia en 31 estados del país

El mapeo elaborado por el investigador documentó reportes de préstamos “gota a gota” en 172 municipios de 31 entidades federativas. Sinaloa fue el único estado donde no se identificaron registros de este fenómeno en el análisis.

Las entidades con mayor número de municipios reportados son el Estado de México, con 28; Ciudad de México, con 15 de sus 16 alcaldías; Oaxaca, con 15; Tlaxcala y Puebla, con 12 cada uno, y Yucatán, con 11.

Ante la expansión de esta modalidad, Víctor Manuel Sánchez Valdés plantea cinco acciones de política pública para atender el problema:

Reformas legales: incorporar el delito de préstamos “gota a gota” en los códigos penales estatales, con el propósito de establecer sanciones específicas.

Operaciones encubiertas: implementar estrategias policiales para identificar a los responsables, documentar su forma de operación y desarticular las redes de cobro.

Mecanismos de denuncia: establecer canales seguros que permitan a las víctimas denunciar sin exponerse a represalias.

Prevención ciudadana: desarrollar campañas informativas sobre los riesgos de recurrir a este tipo de financiamiento informal.

Sanciones: incrementar las penas contra quienes participen en estas actividades y aplicar las disposiciones legales correspondientes a personas extranjeras involucradas.

El estudio advierte sobre la presencia de este esquema en distintas regiones del país y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, investigación y atención a las víctimas.