Al 8 de septiembre, las autoridades han detenido a 111 personas por nexos con el crimen organizado; tres regiones concentran la mayoría de los vínculos entre funcionarios y la delincuencia

El Estado de México es una de las entidades donde han caído alcaldes y mandos de seguridad por sus vínculos con el crimen organizado

Fuente: EL UNIVERSAL

La Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país.

Con un corte oficial al 8 de septiembre de 2026, la estrategia coordinada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, registra la captura de 111 personas, varias de ellas presidentes municipales y funcionarios de todas las fuerzas políticas del país, desde el partido oficialista hasta la oposición.

A la fecha, 14 presidentes y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso o encarcelados: seis de ellos de la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque oficialista Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano (MC), y un alcalde capturado que pertenecía a un partido local.

Recientemente, a través de una tarjeta informativa, las instituciones que integran el gabinete de seguridad sostuvieron que la política de Operación Enjambre es “cero impunidad”, para detener a toda persona involucrada en actividades delictivas, sin importar el cargo público ni afiliación partidista.

“Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido. Las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional para desarticular redes delictivas continúan”, indican en el comunicado.

Aunque el operativo se ha centrado en 10 estados, los funcionarios ligados a temas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado provienen de tres entidades: Estado de México (cuatro casos), Puebla (cuatro) y Morelos (cuatro).

En lo que respecta al resto de las personas detenidas (92%), no cuentan con afiliación partidista activa ni cargos de elección popular, pero sí se trata de exservidores públicos que ocupaban cargos de mandos operativos, directores de seguridad pública municipal, policías locales y operadores delictivos incrustados en los ayuntamientos.

Ejemplos

Destacan capturas de alto perfil, como la de María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, electa por Movimiento Ciudadano y posteriormente se afilió a Morena, vinculada a La Familia Michoacana.

Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, Puebla, electo por la coalición Morena-PT y señalado de brindar protección institucional a un grupo criminal dedicado al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y huachicol.

Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, quien representaba al PVEM en coalición con el partido guinda, y fue acusado de abuso de autoridad y nexos delictivos en la región.

Por parte de la oposición han sido detenidos Jesús Corona Damián, edil de Cuautla que obtuvo el cargo gracias a la coalición PRI-PAN-PRD, presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa; el panista Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, Morelos, señalado por delincuencia organizada y extorsión agravada, así como el priista Ari Patrick Mendiola Mondragón, expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras, en el Estado de México, detenido por brindar protección a células delictivas de Michoacán.

Tampoco se salvan políticos pertenecientes a Movimiento Ciudadano. Destaca la captura de Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, Puebla, aprehendido bajo acusaciones de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Mandos e infiltrados

Además de alcaldes y exalcaldes, la Operación Enjambre ha desmantelado los brazos operativos de diversas alcaldías con presuntos nexos con el crimen.

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