Columna Invitada

A Lorena Cuéllar Cisneros le queda un año para terminar su gobierno, pero su problema político ya no es cuánto tiempo le queda, sino con qué nivel de desgaste llegará y qué tanto podrá influir en la sucesión. Después de cinco años en Palacio de Gobierno, la gobernadora enfrenta un escenario que ella misma contribuyó a construir: un gobierno cuestionado en distintos frentes, una clase política cada vez más dividida y una sucesión adelantada en la que ha apostado buena parte de su capital político para intentar dejar como heredero a su delfín, Alfonso Sánchez García. El problema es que la continuidad que pretende vender como argumento político empieza a confundirse con la continuidad de un grupo, incluso de una dinastía.

El desgaste no apareció de la noche a la mañana. Se acumuló durante estos cinco años. En salud, por ejemplo, la federalización hacia IMSS-Bienestar no consiguió borrar los problemas de abasto y atención que el gobierno estatal arrastraba desde antes; todavía en julio de este año se reportaban niveles de surtimiento de medicamentos por debajo de una cobertura total en centros de salud y hospitales. En protección civil, el Atlas Estatal de Riesgos sigue sin concluirse, pese a que se habían anunciado recursos por alrededor de 23 millones de pesos para su elaboración. Son ejemplos concretos de una administración que puede presumir obras y programas, pero que no ha logrado resolver todos los problemas estructurales que prometió atender.

En seguridad, el gobierno estatal sostiene, con base en indicadores oficiales, que Tlaxcala lleva 45 meses como la entidad con menor incidencia delictiva del país. Pero durante 2026 también se han registrado hechos que golpean esa narrativa, entre ellos la aparición de mantas con amenazas atribuidas a grupos de la delincuencia organizada. La percepción de seguridad y la capacidad del gobierno para responder a nuevos fenómenos también forman parte del balance. Un gobierno que está por terminar debe explicar ambas cosas, no solamente una.

A ese desgaste se suma el político. La administración de Cuéllar llegó al poder bajo la bandera de Morena y con la promesa de romper con las prácticas de los gobiernos anteriores. Sin embargo, durante el sexenio se han multiplicado los cuestionamientos por concentración de decisiones, influyentismo, nepotismo, opacidad y utilización política de las estructuras gubernamentales. Algunas acusaciones son materia de controversia y otras deberán acreditarse en las instancias correspondientes; sin embargo, políticamente han deteriorado la credibilidad del discurso de transformación con el que llegó al poder.

Y entonces apareció la sucesión. Mucho antes de que terminara el sexenio, el gobierno estatal comenzó a ser leído en clave de 2027. Funcionarios, operadores y grupos políticos tomaron posiciones, y Alfonso Sánchez García se convirtió en el principal beneficiario de esa operación. Una parte sustancial de su fortaleza política proviene del respaldo que ha recibido desde Palacio de Gobierno. Lo cuestionable es que el aparato político de ese gobierno haya construido una candidatura antes de que el partido determine quién debe encabezarla.

Ahí está el mayor error de Lorena Cuéllar. Ha querido presentar la continuidad como si ésta tuviera nombre y apellido. Como si continuar la transformación significara necesariamente que el siguiente gobierno debe quedar en manos de su grupo político. Morena, sin embargo, no nació para convertir las gubernaturas en patrimonio de una familia, de un grupo o de un gobernador en turno. La continuidad de un proyecto no depende de una persona. La decide la ciudadanía y, en este caso, la determina Morena mediante sus reglas y mecanismos internos.

Por eso resultó políticamente precipitado intentar cerrar una sucesión que todavía no está resuelta. Los acontecimientos de los últimos meses hicieron todavía más evidente la estrategia gubernamental. Hubo movimientos, posicionamientos, respaldos anticipados y episodios que generaron y siguen generando cuestionamientos sobre la equidad del proceso interno. Incluso el debate político llegó a tal punto que fue necesario recordar públicamente que Morena todavía no había comunicado una determinación oficial. Y hoy, cuando el proceso nacional se encuentra en una etapa delicada, la propia dirigencia del partido ha insistido en que no hay que precipitarse y que las definiciones pueden extenderse hasta diciembre.

Es decir, quienes intentaron presentar una sucesión prácticamente resuelta se adelantaron a los tiempos de su propio partido.

El problema para Lorena Cuéllar es que los antecedentes no desaparecen porque cambie el discurso. Morena está revisando perfiles, encuestas, antecedentes, reputación y condiciones de unidad para sus definiciones rumbo a 2027. Eso significa que el comportamiento de los grupos durante el proceso interno también tiene importancia. Las formas cuentan. Los conflictos cuentan. Los antecedentes cuentan. Y una candidatura que nace enfrentada con una parte de la militancia puede convertirse en un problema para todo el partido.

Por eso el argumento de la continuidad puede terminar jugando en contra de la gobernadora. No basta con decir que su delfín garantiza continuidad. Si para imponer una sucesión fue necesario tensar relaciones, adelantar tiempos, involucrar estructuras políticas y generar resistencias dentro del propio movimiento, entonces continuidad de qué y para quién.

A Lorena Cuéllar todavía le queda un año de gobierno y sería un error reducir todo su sexenio a la disputa sucesoria. Tiene obras que presentar, programas que defender y resultados que serán evaluados por la ciudadanía. Pero tampoco puede pretender que la sucesión borre el balance de su administración. El último año de un gobierno no corrige automáticamente cinco años de desgaste. El gobierno entra en su etapa de cierre y la sociedad comienza a evaluar qué dejó, qué incumplió y qué problemas heredará.

Lo más delicado para la gobernadora es que su principal apuesta política puede terminar convirtiéndose en su principal derrota. Si Morena decide por un perfil distinto al que ella impulsó, quedará expuesta la dimensión real de una operación política que pretendió anticipar una decisión que no le correspondía tomar. Las marrullerías no se evaporan: quedan en la memoria de los participantes, en los expedientes, en las denuncias y en la evaluación que hacen quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión. Ha hecho demasiado para heredar el gobierno a su delfín y demasiado poco para convencer de que esa herencia es una necesidad de Tlaxcala y no una necesidad de su grupo político.

Si algo ha quedado claro en este último tramo, es que Lorena Cuéllar Cisneros llega al final de su sexenio con un desgaste político que difícilmente puede ocultarse detrás de obras, discursos o cifras. Llegó a Palacio de Gobierno con la promesa de transformar la manera de hacer política en Tlaxcala. Cinco años después, enfrenta el cierre de su administración tratando de influir en una sucesión que no controla y con una larga lista de cuestionamientos sobre la mesa. Por la acumulación de conflictos, por el deterioro de su capital político y por su empeño en heredar el gobierno a su delfín bajo el argumento de la continuidad, Lorena Cuéllar Cisneros se perfila como la gobernadora más desgastada que haya ocupado Palacio de Gobierno en Tlaxcala.