Por Juan Manuel Cambrón Soria

En las últimas semanas, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador han estado en el ojo del huracán, particularmente Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, por una sucesión de señalamientos, investigaciones periodísticas y versiones que han vuelto a colocar bajo escrutinio público los negocios, relaciones y personajes que se movieron alrededor de la familia presidencial durante el sexenio pasado.

Diversas investigaciones periodísticas han documentado los negocios de Amílcar Olán, amigo cercano de los hijos del expresidente, y su participación en empresas beneficiadas directa o indirectamente por contratos relacionados con algunas de las principales obras y áreas de gobierno de la administración lopezobradorista. Su nombre aparece en negocios vinculados con medicamentos, el suministro de balasto para el Tren Maya, operaciones empresariales alrededor del Corredor Interoceánico y, más recientemente, en investigaciones relacionadas con empresas dedicadas al negocio de los combustibles, donde compañías relacionadas con su entorno recibieron cientos de millones de pesos en contratos públicos durante el sexenio anterior.

Pero en las últimas semanas los señalamientos subieron varios grados. Periodistas como Anabel Hernández han asegurado que Andy López Beltrán mantuvo contactos con integrantes de Los Chapitos; otras publicaciones han relacionado su nombre con investigaciones sobre huachicol fiscal. Nada de eso, hasta ahora, constituye una sentencia ni acredita responsabilidad penal alguna. Por el contrario, el gobierno federal ha sostenido que la Fiscalía General de la República no cuenta con pruebas suficientes para iniciar una investigación en su contra.

Pero el contexto se ha vuelto particularmente turbio para el obradorismo por otros dos nombres: Gerardo Mérida Sánchez y Fernando Farías Laguna, quienes sí enfrentan procesos judiciales de enorme importancia.  El primero fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado de haber protegido a Los Chapitos y de recibir sobornos a cambio de protección, se entregó a las autoridades estadounidenses y recientemente abandonó la prisión preventiva en Brooklyn; por lo que habrá que esperar para saber qué declara, contra quién y hasta dónde llega la información que posee, pero el solo hecho de que esté sentado frente a fiscales estadounidenses negociando su situación jurídica debería provocar más inquietud que discursos sobre soberanía.

El segundo es Fernando Farías, sobrino político del ex secretario de marina Rafael Ojeda, que es señalado por la Fiscalía General como probable integrante de una compleja red dedicada al contrabando, distribución y dispersión ilegal de combustibles, donde la autoridad reconoce que se trata de un entramado en el que participaron funcionarios, empresarios y mandos vinculados con operaciones aduanales.

Sería intelectualmente deshonesto responsabilizar al ex presidente Andrés Manuel López Obrador de cualquier conducta ilícita que eventualmente pudiera acreditarse contra alguno de sus hijos. En un Estado de derecho la responsabilidad penal es individual, por ello, los pecados del hijo no son los pecados del padre.

Pero, aquí está la parte más interesante de la discusión: qué sabía el entonces presidente, qué permitió desde el ejercicio del poder y, sobre todo, qué hizo cuando los primeros señalamientos llegaron hasta Palacio Nacional.

No olvidemos que fue precisamente López Obrador quien construyó durante años una teoría sobre la corrupción, avalada, tolerada o permitida desde la mismísima Presidencia. En junio de 2019 aseguró que las grandes transas se hacían con el visto bueno del presidente y rechazó la idea de que un gobernante pudiera desconocer los grandes negocios realizados al amparo del poder. Dos meses después resumió aquella doctrina con una frase lapidaria: “el Presidente se entera de todo”.

Esa afirmación que entonces servía para juzgar a sus antecesores hoy regresa inevitablemente hasta su puerta. Porque López Obrador no puede sostener al mismo tiempo que los presidentes anteriores conocían los grandes negocios realizados durante sus gobiernos y pretender que él permaneció completamente ajeno a lo que ocurría alrededor de sus propios hijos. En cualquiera de los dos ángulos queda mal parado, porque si sabía y decidió proteger, minimizar o impedir que se investigara, existe una responsabilidad política evidente; y si verdaderamente no sabía, entonces tendrá que aceptar que aquella sentencia con la que durante años juzgó a los demás era falsa.

Los pecados del hijo no son los pecados del padre. Pero encubrirlos, tolerarlos o simplemente voltear hacia otro lado cuando se tiene todo el poder del Estado para investigar, sí puede convertirse en un pecado propio.

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