Colaboración Invitada

La legitimidad de una autoridad electoral no depende únicamente de que sus resoluciones se apeguen a la ley. También descansa en la confianza pública de que actúa con independencia, imparcialidad y oportunidad. Cuando alguno de esos pilares se resquebraja, el daño trasciende de tal manera que se erosiona su credibilidad.

Eso es lo que hoy ocurre con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Más que un árbitro de la contienda interna de Morena, el ITE comienza a proyectar la imagen de ser el principal abogado del alcalde con licencia Alfonso Sánchez García en su búsqueda por convertirse en coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Tlaxcala.

Sin embargo, sería injusto responsabilizar de ello a todo el Consejo General. La conducción política y administrativa del instituto recae en su presidente, Emmanuel Ávila González, y es él quien carga con el peso de las decisiones que hoy alimentan la percepción de parcialidad. No es un secreto en los círculos políticos dónde parecen encontrarse sus afinidades ni cuáles podrían ser sus aspiraciones futuras. Después de todo, otros presidentes del órgano electoral administrativo encontraron en el cargo un escalón para continuar su carrera. La diferencia es que, para hacerlo, primero preservaron la apariencia de imparcialidad.

Las impugnaciones relacionadas con Alfonso Sánchez García avanzan con una lentitud difícil de justificar. Los expedientes parecen resolverse a cuentagotas, mientras el tiempo juega a favor del denunciado. En materia electoral, la justicia tardía suele equivaler a la ausencia de justicia. Cuando una resolución llega semanas después de consumada la conducta denunciada, el daño ya está hecho y la ventaja obtenida resulta prácticamente irreversible.

No son pocos los ejemplos. Uno de los más evidentes fue la promoción pagada en medios nacionales para destacar las acciones del entonces presidente municipal de Tlaxcala, cuando su licencia al cargo ya había sido aprobada por el Cabildo. La controversia permaneció tanto tiempo sin resolverse que terminó perdiendo eficacia jurídica. La posible infracción quedó rebasada por el calendario, no por un análisis de fondo.

El patrón se repite. Actualmente continúan escuchándose mensajes propagandísticos en vehículos con altavoces que promueven la imagen de Alfonso Sánchez García, una práctica que también ha sido cuestionada por presuntas violaciones a la normatividad electoral. Sin embargo, la experiencia permite anticipar cuál será el desenlace: cuando el ITE decida pronunciarse, probablemente la contienda interna ya habrá concluido. La justicia llegará cuando ya no pueda corregir nada. Ese es el verdadero problema.

A pesar de ello, dentro del propio Consejo General existen voces que han intentado actuar como contrapeso. No todos los consejeros comparten la ruta que ha seguido la presidencia del instituto. Sin embargo, ese equilibrio resulta insuficiente cuando Emmanuel Ávila dispone del voto de calidad, una facultad que ya ha servido para inclinar decisiones relevantes en favor de los intereses del grupo político que impulsa a Sánchez García.

Quien ocupa la presidencia del órgano electoral debería ser el primero en comprender la delicadeza de ese poder. Cada resolución cuestionada, cada expediente diferido y cada percepción de favoritismo van acumulando un costo institucional que tarde o temprano alguien tendrá que asumir.

Y ese costo podría alcanzar al propio Emmanuel Ávila. En el estado de Michoacán cuatro consejeros electorales fueron removidos apenas en marzo pasado por incumplir los principios constitucionales que rigen la función electoral. Su incumplimiento puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso en la separación del cargo. No resultaría extraño que, si las señales continúan acumulándose, alguien solicite la intervención del INE para revisar la actuación del presidente del ITE.

Lo más preocupante es que este fenómeno no parece limitarse al órgano electoral administrativo. El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) también ha sido objeto de cuestionamientos por la lentitud con la que resuelve asuntos de evidente trascendencia pública. Ambos órganos parecen compartir una preocupante característica: la justicia llega cuando ya perdió la capacidad de hacer justicia.

La Constitución no sólo exige que las autoridades electorales resuelvan conforme a derecho. También impone el deber de hacerlo de manera pronta y expedita. Ese principio existe porque el tiempo, en materia electoral, es un factor determinante. Cada día de retraso puede alterar las condiciones de una competencia y afectar la equidad que las instituciones están obligadas a proteger.

Quizá Emmanuel Ávila González aún esté a tiempo de rectificar. Pero si el árbitro insiste en abandonar la neutralidad para convertirse en protagonista del partido, no sólo pondrá en riesgo su prestigio personal. También comprometerá la credibilidad de una institución que debería estar por encima de cualquier interés político.

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