Activistas y familiares denunciaron presunta fabricación de delitos, discriminación escolar y omisiones de autoridades educativas.

Por Stephany Rodríguez

La detención de José “N”, padre de familia que desde 2025 denunció presuntos actos de discriminación y violencia contra sus hijos en una escuela primaria de Apizaco, desató una fuerte confrontación mediática, jurídica y social en Tlaxcala, luego de que activistas de derechos humanos acusaran una supuesta fabricación de delitos en su contra y señalaran irregularidades durante el proceso judicial que lo llevó al Centro de Reinserción Social (Cereso).

Durante una rueda de prensa encabezada por la activista y abogada Yenny Charrez, acompañada de defensoras de derechos humanos, madres de familia y representantes de colectivos, se expuso que el caso de José “N” estaría relacionado con las denuncias públicas que realizó en contra de autoridades educativas y docentes por presunta discriminación hacia sus hijos.

En el encuentro con medios, Charrez afirmó que el padre de familia fue detenido tras acudir de manera voluntaria a instalaciones de la Policía de Investigación, donde posteriormente le fue ejecutada una orden de aprehensión por el delito de amenazas. La activista sostuvo que el procedimiento presentó inconsistencias y aseguró que la acusación carecía de pruebas suficientes.

Explicó que, tras varios días privado de la libertad, una jueza determinó la no vinculación a proceso y ordenó su inmediata liberación, al considerar que no existían elementos sólidos para sostener la acusación.

La defensora de derechos humanos también señaló que, desde que tomó conocimiento del caso, recibió material audiovisual y testimonios relacionados con presuntos actos de violencia y discriminación escolar en agravio de menores de edad. Indicó que, pese a existir quejas ante organismos de derechos humanos, las problemáticas no habrían sido resueltas por las autoridades correspondientes.

Asimismo, acusó que padres de familia realizaron manifestaciones y campañas públicas en contra de José “N”, colocándolo como presunto agresor y difundiendo diversos señalamientos sin que, afirmó, existieran pruebas contundentes.

Durante la rueda de prensa también participaron madres de familia que denunciaron presuntos casos de violencia escolar, discriminación y omisiones institucionales en distintos planteles educativos.

Una de ellas relató el caso de su hija con discapacidad, quien presuntamente habría sido víctima de agresiones y exclusión dentro de una institución educativa. La madre afirmó que, pese a las denuncias presentadas y a las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos, las autoridades no han sancionado a los responsables.

Otra mujer denunció que su hijo sufrió una fractura en un brazo tras un accidente ocurrido en un toro mecánico instalado durante una actividad escolar presuntamente realizada sin autorización de padres de familia. Según su testimonio, el menor quedó con secuelas permanentes y discapacidad parcial, mientras que ella aseguró haber sido intimidada tras exigir apoyo y responsabilidades a la institución.

En el pronunciamiento público, activistas y colectivos exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala realizar investigaciones transparentes, imparciales y sustentadas en evidencias, además de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes involucrados en estos casos.

Los participantes coincidieron en que las disputas entre adultos no deben poner en riesgo el bienestar de las infancias ni derivar en presuntos actos de criminalización, intimidación o revictimización.

Mientras esta versión era expuesta ante medios de comunicación, un grupo de padres de familia manifestó una postura distinta, señalando públicamente a José N como presunto pedófilo, lo que generó un ambiente de confrontación entre ambas partes.