Por Mauricio Hernández Olaiz

Durante años, el gobierno de Tlaxcala ha construido una narrativa prácticamente inamovible: vivimos en el estado más seguro del país. Cada informe, cada conferencia, cada evento público y cada intervención de la gobernadora termina inevitablemente en la misma conclusión: Tlaxcala ocupa los primeros lugares nacionales en seguridad.

La frase se ha repetido tantas veces que para la administración estatal se convirtió en una verdad absoluta, una especie de dogma que no admite discusión.

Por eso resultó particularmente revelador lo ocurrido apenas unas horas después del mayor decomiso de cocaína registrado en la historia del estado.

Mientras las autoridades federales daban cuenta del aseguramiento de cerca de una tonelada de droga en una bodega ubicada en San Diego Xocoyucan, comunidad de Ixtacuixtla, la gobernadora encabezaba la Mesa Interregional para la Construcción de Paz y Seguridad con las y los presidentes municipales de los sesenta ayuntamientos.

Ahí volvió a insistir en que Tlaxcala es de los  estados más seguros del país. Del decomiso no hubo una sola referencia. De la presencia del crimen organizado, nada. De las armas aseguradas, del inmueble utilizado para almacenar la droga o de las implicaciones que representa encontrar semejante cantidad de cocaína – valuada hasta en más de 5 millones de dólares – dentro del estado, simplemente no dijo nada.

La omisión no es accidental. La estrategia de comunicación del gobierno estatal decidió tratar el asunto como un evento secundario, casi administrativo, a pesar de que se trata posiblemente del golpe más importante al narcotráfico registrado en la entidad.

 Simplemente no hay, no existen antecedentes de un aseguramiento de estas dimensiones en Tlaxcala, y sin embargo el gobierno decidió guardar silencio. En este tipo de asuntos vaya que si han hecho historia. Primero grandes narcolaboratorios de Meta, ahora casi una tonelada de Coca.

Más tarde, como no queriendo la cosa y a preguntas expresas, se dio una dizque explicación, de esas que se han vuelto costumbre en la coordinación de comunicación.

Ahí se dijo, como siempre sin evidencia alguna, que el aseguramiento fue posible gracias al trabajo de las autoridades estatales y del C5i. Sin embargo, los comunicados oficiales emitidos por las instancias federales que participaron en el operativo no mencionan la intervención de corporaciones locales. No aparecen las autoridades estatales como participantes del cateo ni como responsables de la detección del inmueble.

Y ahí surge una pregunta inevitable: si realmente el C5i detectó la bodega y las autoridades estatales tuvieron un papel decisivo en el operativo, ¿por qué guardaron silencio durante horas? ¿Por qué no hubo un boletín oficial inmediato? ¿Por qué no se informó oportunamente a la sociedad? Cualquier gobierno presumiría un éxito de esa magnitud. Cualquier administración convertiría semejante golpe al narcotráfico en la noticia principal del día. Lo lógico habría sido salir a informar, reconocer el trabajo institucional y asumir el mérito correspondiente.

La explicación posterior parece más un intento por incorporarse a una historia que originalmente no les pertenecía. Porque si el gobierno estatal hubiera tenido conocimiento previo de una bodega con casi una tonelada de cocaína, difícilmente habría dejado pasar la oportunidad de convertir el hecho en una muestra de eficacia institucional. El silencio inicial dice mucho más que las explicaciones posteriores.

Y el problema va mucho más allá de la disputa por una medalla política.

Novecientos kilogramos de cocaína no corresponden al narcomenudeo ni al consumo local. Una cantidad de esa magnitud implica redes de distribución, logística, transporte, almacenamiento y protección. Significa que Tlaxcala forma parte de rutas de trasiego y que organizaciones criminales encontraron en la entidad un territorio adecuado para operar. Nadie almacena semejante cantidad de droga en un lugar improvisado ni en una entidad que considere insegura para sus intereses.

Si,  ya fue detectada y decomisada la bodega por las fuerzas federales, pero no sabemos con certeza… ¿cuanto tiempo operó y cuanta droga almacenó y trasladó y por cuanto tiempo?, yo podría especular que hasta llegó a tener más cargamento en algún momento. Y el C5I nunca vio nada.

Quizá por eso la frase oficial de que Tlaxcala es el estado más seguro del país comienza a adquirir un significado completamente distinto. Porque sí, Tlaxcala parece ser un territorio seguro. Seguro para almacenar droga. Seguro para el trasiego. Seguro para las operaciones logísticas del crimen organizado. Seguro para grupos que encuentran aquí discreción, ubicación estratégica y, sobre todo, una enorme resistencia gubernamental a reconocer la existencia del problema.

No se trata de un hecho aislado. En los últimos años los operativos federales en Tlaxcala se han vuelto cada vez más frecuentes. Han aparecido células criminales, comandos armados, aseguramientos de droga, robo de carga, ejecuciones y delitos vinculados con la delincuencia organizada, narcolaboratorios, detenciones de peligrosos jefes de plaza de conocidos cárteles. A ello debe sumarse la trata de personas, delito que durante años colocó a Tlaxcala en la atención nacional e internacional y que recientemente volvió a generar molestia gubernamental cuando se cuestionó el intento de invisibilizar el problema por parte de la gobernadora.

La constante parece ser la misma: negar la realidad hasta que ésta se vuelve imposible de ocultar. Y luego a dar maromas para justificar.

La seguridad no puede medirse únicamente por el número de homicidios. También debe evaluarse por la capacidad de las organizaciones criminales para operar, trasladar mercancías, establecer redes, almacenar droga y moverse dentro del territorio sin ser detectadas. Y bajo esa óptica, el decomiso de casi una tonelada de cocaína representa mucho más que una estadística; representa una advertencia.

Quizá Tlaxcala siga ocupando buenos lugares en algunos indicadores nacionales. Quizá la narrativa oficial continúe sosteniendo que aquí no pasa nada. Pero cuando una organización criminal puede utilizar el estado como una bodega de dimensiones nacionales, mientras las autoridades locales brillan por su ausencia, la discusión cambia por completo.

Y aunque muchos hoy podremos preguntarnos….¿Que diablos hacen Perea Marrufo y Luis Antonio Ramírez? Da igual, nunca han hecho nada, finalmente la responsabilidad histórica, toda, será de Lorena Cuéllar. Hoy más preocupada por colocar a quien le proteja la espalda…sin importarle la terrible herencia que le dejará.

Y la herencia es un estado muy seguro. Pero para la delincuencia organizada.

Hoy tenemos 900 kilos de realidad para poderlo afirmar.

@olaizmau

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