Columna Invitada

Rumbo a la definición de la candidatura de Morena, al gobierno de Tlaxcala -con la mirada puesta en la elección constitucional de 2027- la política local comienza a entrar en su fase más delicada: la de las decisiones estratégicas. En ese tablero, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros enfrenta un dilema que no admite matices prolongados: o transita hacia un acuerdo político con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, o asume los costos de una confrontación que puede escalar más allá de lo local.

El punto de partida no es menor. La evidencia demoscópica reciente -como la encuesta de Enkoll difundida por El Universal- coloca a la oriunda de Calpulalpan como el perfil más competitivo dentro de Morena, con una ventaja clara en preferencia efectiva y una valoración sobresaliente en atributos clave como honestidad, cercanía y conocimiento del estado. No se trata solo de un liderazgo coyuntural: es, al menos en este momento, una ventaja estructural dentro de la contienda interna.

A esto se suma otro dato relevante: Morena mantiene una posición dominante en Tlaxcala en términos de intención de voto e identidad partidista. Es decir, el principal riesgo no está fuera, sino dentro. La historia reciente de los procesos internos en el partido muestra que las divisiones mal gestionadas pueden erosionar ventajas aparentemente sólidas.

En ese contexto, la relación entre la mandataria estatal y la senadora adquiere una dimensión estratégica. Más allá de simpatías o agravios, lo que está en juego es la capacidad de Morena para procesar su competencia interna sin comprometer su fortaleza electoral.

Un acuerdo político entre Cuéllar Cisneros y Rivera Rivera tendría beneficios inmediatos y de mediano plazo.

En lo inmediato, permitiría enviar una señal de cohesión en un momento en el que la narrativa de unidad es clave para Morena a nivel nacional, particularmente bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La propia dinámica del partido ha privilegiado, en distintos estados, salidas negociadas que eviten rupturas visibles.

En términos locales, un entendimiento podría traducirse en una transición ordenada del poder político, en caso de que las tendencias actuales se mantengan. Además, un pacto reduciría la probabilidad de conflictos internos que terminen judicializándose o trasladándose al terreno mediático, donde Morena suele pagar costos reputacionales. La experiencia de otros estados sugiere que las fracturas internas, cuando escalan, suelen ser capitalizadas por la oposición, incluso en contextos donde ésta es débil.

En suma, el acuerdo no implicaría necesariamente una renuncia, sino una reconfiguración del poder: un ajuste pragmático frente a una correlación de fuerzas que hoy no favorece la confrontación.

El escenario alternativo -mantener o profundizar una relación de confrontación- abre un abanico de riesgos para la gobernadora. El primero es el desgaste político. Enfrentarse a un perfil que encabeza preferencias internas puede traducirse en una narrativa adversa: la de un poder que intenta contener, sin éxito, una candidatura con respaldo social. En política, ese tipo de relatos suelen amplificarse rápidamente.

El segundo riesgo es la fragmentación interna. Si la disputa escala, no solo se polarizan liderazgos, sino también estructuras territoriales, cuadros medios y bases militantes. En un estado como Tlaxcala, donde las redes políticas son densas y de proximidad, estas divisiones pueden tener efectos duraderos.

Un tercer elemento es el factor nacional. Morena ha mostrado, en distintos momentos, poca tolerancia a los conflictos internos que amenazan su competitividad electoral. Una confrontación abierta podría derivar en intervenciones desde la dirigencia nacional o en decisiones que reduzcan el margen de maniobra de los actores locales.

En esa circunstancia, existe un riesgo de carácter estratégico: que la disputa interna debilite la marca Morena en el estado. Aunque hoy el partido mantiene una ventaja clara frente a otras fuerzas, las elecciones no se ganan en automático. Una candidatura que llegue fracturada -o con una parte del aparato político operando a medias- puede ver reducida su eficacia electoral.

El trasfondo de este dilema no es personal, sino estructural. Morena, como partido en el poder, enfrenta el reto de institucionalizar sus procesos internos sin perder competitividad. Tlaxcala es un caso emblemático porque combina una alta preferencia partidista con una competencia interna definida.

Para la gobernadora Cuéllar Cisneros, el cálculo político parece claro: insistir en una lógica de confrontación con quien hoy encabeza las preferencias implica nadar contra corriente. En cambio, apostar por un acuerdo podría permitirle cerrar su administración con estabilidad, preservar influencia y contribuir a una transición sin sobresaltos.

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