Y del comportamiento adictivo

Por Selene Sosa

Tras la federalización de los servicios de salud y con el propósito de armonizar la Ley de Salud Mental y de Comportamiento Adictivo con las modificaciones hechas a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, la Diputada del PRI, Sandra Guadalupe Aguilar Vega, planteó derogar diversos artículos.

La entrega de los servicios de salud al Gobierno Federal por parte de la administración estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, derivaron en modificaciones a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala que, entre otros aspectos, desaparecieron el Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud de Tlaxcala.

En este tenor, la integrante de la LXV Legislatura indicó que dicha reconfiguración institucional obliga a redefinir las atribuciones de las propias instancias estatales para garantizar la continuidad en la atención de estos servicios a la población, poniendo en el centro a aquella que no cuenta con seguridad social.

Aguilar Vega aprovechó para resaltar que, uno de los servicios de salud de mayor complejidad, por las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que frecuentemente enfrentan sus usuarios, es el que se brinda a las personas con padecimientos mentales o adictivos.

“Tanto la Ley General de Salud como la legislación local en la materia reconocen y regulan este tipo de atención en su articulado; sin embargo, derivado de la reforma antes mencionada, las facultades y obligaciones estipuladas en la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo para el Estado de Tlaxcala deben ser redirigidas y atribuidas a las dependencias competentes del Sistema Estatal de Salud», puntualizó.

En torno a ello, la Representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Pleno del Congreso Local planteó reformar el Artículo 14 de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado.

De tal suerte que quede establecido que la Secretaría de Salud (SESA) y el Consejo Estatal asuman las atribuciones conforme a la nueva organización del sistema de salud, con el objetivo de garantizar la atención a personas con trastornos mentales y adicciones dentro del Sistema Público de Salud.