17 de febrero - 2025

De 2020 a 2024 se han recibido mil 139 solicitudes de protección de comunicadores, activistas y madres buscadoras
Fuente: EL UNIVERSAL
A pesar de que los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos se han incrementado en México en los últimos cinco años, el Mecanismo de Protección del gobierno federal solamente acepta cuidar a seis de cada 10 que lo solicitan.
De acuerdo con el informe anual del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde 2020 a 2024 se han recibido mil 139 solicitudes de protección de comunicadores, activistas y madres buscadoras, aunque sólo se han otorgado 640 de ellas.
De 2012 hasta 2019 los rechazos a solicitudes de protección eran mínimos; sin embargo, a partir de 2021 la estadística dio un giro y las negativas se incrementaron. En 2021 declinaron 53 de 193 solicitudes; en 2022 rechazaron 152 de 291 y en 2023, 157 de 338 solicitudes. En 2024 fueron presentadas 183 y rechazadas 130, es decir, admitieron sólo 53 expedientes.
Mientras que en 2013 fueron rechazadas ocho solicitudes de 107; en 2014, 37 de 100; en 2015, 15 de 122; en 2016, 17 de 114; en 2017, 18 de 160. Para 2018 rechazaron 22 de 132 solicitudes; en 2019 aceptaron 184 de 195 y en 2020 desecharon siete de 134.
Madres buscadoras, desprotegidas
Hasta el 31 de diciembre de 2024 protegen a 657 personas defensoras de derechos humanos y 804 periodistas, aunque las medidas no son suficientes. En entrevista con EL UNIVERSAL, María Teresa Molina, madre buscadora y activista lamentó que los criterios para decidir el nivel de riesgo al que está expuesta no son los adecuados.
“Hace poco les mandé un video de tres carros con gente armada fuera de mi casa. Se lo mandé al mecanismo, se lo mandé al Ministerio Público, dijeron que no era una situación de riesgo. Sólo cuento con un dispositivo con botón de pánico, tengo un número de la Guardia Nacional que no va a llegar inmediatamente, porque Reynosa es una zona violenta”, expresó.
Desde hace cuatro años cuenta con dicha protección, pues es víctima de amenazas de muerte contra ella y su familia. De hecho, fue tras-ladada a un refugio de la Ciudad de México, pero hace unos meses la regresaron a Tamaulipas con la excusa de que ya había pasado mucho tiempo, a pesar de que sus agresores viven en esta zona.
“En una reunión que hacen para la evaluación, ellos deciden que yo ya no corro ningún riesgo en Tamaulipas. Que me van a brindar las medidas de protección en mi casa y que tengo que regresar. En esa mesa que fue presencial en Gobernación, yo les dije la situación de riesgo que yo había sufrido con el secuestro de uno de mis hijos, les pregunté en qué se basaban para retirarme del refugio cuando los agresores aquí continúan”, agregó.
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