La paciente afectada fue atendida en el HGC

Por Selene Sosa

Las anomalías y quejas en el sector salud en Tlaxcala siguen latentes, recientemente se dio a conocer el caso de Jenny N., una paciente del Hospital General de Calpulalpan (HGC), perteneciente al programa IMSS-Bienestar, quien denunció ser víctima de negligencia médica por parte de una médico cirujana originaria de Cuba.

En un reportaje de “Latinus”, Jenny N. compartió que el pasado 27 de marzo fue ingresada al nosocomio en cuestión tras un accidente de tránsito en el que sufrió la fractura de uno de sus brazos, por lo que fue atendida en dicho hospital que sufrió la transición de la Secretaría de Salud (SESA) al IMSS-Bienestar.

Dicho nosocomio también forma parte de aquellos hospitales públicos en la entidad que recibieron médicos especialistas cubanos, de los cuales, el personal médico de la entidad ha externado quejas, precisamente por sus prácticas.

Jenny N. tuvo una cirugía en el brazo por parte de la médico cubana, quien supuestamente colocó mal los clavos, no colocó una placa y, aparentemente en palabras de la misma doctora, colocó “alambres retorcidos”, lo que afectó aún más a la paciente, quien, incluso, dijo que perdió su trabajo.

Por lo anterior, Jenny N., quien es diabética y temía perder su brazo, acudió en tres ocasiones al Hospital General de Calpulalpan para que revisaran su operación, sin embargo, refirió que la propia médico le señaló que su malestar era un asunto meramente psicológico.

No obstante, derivado de las molestias y el dolor, Jenny N. acudió a un médico particular con las radiografías de su cirugía, fue entonces que el médico que la atendió le indicó que sería precisa una segunda intervención quirúrgica para corregir el trabajo de la médico cubana; el costo de esta ascendió a 85 mil pesos.

A razón de lo anteriormente expuesto, la paciente presentó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) en espera de que su caso sea resuelto y recupere el dinero invertido en la segunda cirugía ya que tuvo que adquirir una deuda para poder solventar dicho gasto.

Cabe señalar que, según datos de la CONAMED, en México, nueve de cada 10 casos de esta naturaleza no se denuncian. La comisión contabilizo cinco mil 489 querellas entre 2018 y 2022 y un total de 50 mil casos en los últimos cinco años, de los cuales, la gran mayoría pertenece al sector público.